En España la Conferencia Episcopal se encarga de designar a los profesores de Religión, liberando al Estado de cualquier participación directa en la educación religiosa.
María del Carmen Galayo, que fue despedida en 2000, dijo que seguirá luchando para ser readmitida y que llevará el caso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
'Sí por supuesto, yo voy a Europa', dijo en declaraciones a RNE. 'Lo que me parece inconcebible, aberrante, es que todo el mundo tiene derecho a separarse, a divorciarse menos yo, ¿por qué?'.
El Tribunal Constitucional dijo que corresponde a las autoridades religiosas decidir si un profesor es apto para el trabajo.
Galayo había trabajado como profesora de religión a propuesta del Obispado de Canarias desde el curso 1990/91, pero en octubre de 2000 se le comunicó que no se le renovaría en contrato ya que mantenía una relación sentimental con un hombre que no era su marido, del que se había separado.
Después Galayo presentó una demanda ante un juzgado de Las Palmas que resultó desestimada al considerar que el Obispado actuaba dentro del área de su ministerio espiritual.
Finalmente, el Tribunal Constitucional avaló la decisión de la Conferencia Episcopal.
'Son únicamente las Iglesias, y no el Estado, las que pueden determinar el contenido de la enseñanza religiosa a impartir y los requisitos de las personas capacitadas para impartirla', dijo en un auto hecho público el viernes.
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