Unas 875.000 personas han perdido el derecho a una asistencia sanitaria gratuita desde abril de 2012, cuando el Gobierno Central cambió el modelo, según los datos dados este lunes en Toledo por la responsable confederal de Empleo y Migraciones de CC OO, Paloma López.

López ha explicado en rueda de prensa que en esta cifra se incluye tanto a los inmigrantes que viven en nuestro país sin permiso de residencia, como a los residentes en España que se han marchado fuera por motivos laborales.

Respecto a estos últimos han señalado que pierden la tarjeta sanitaria aquellos que siendo titulares de la misma se han ido a otros países de la UE y que pasados tres meses están en situación de desempleo.

También a miles de emigrantes que viven en nuestro país sin permiso de residencia y que solo pueden ser atendidos por motivos de urgencia, además de a embarazadas o menores.

Para el sindicato esta medida agrava la situación de los más desfavorecidos, por los recortes tanto en materia económica y social y han señalado que a pesar del optimismo del Gobierno, el año 2013 fue el tercer peor año para el empleo en nuestro país tras 2009 y 2011, además aumentar la precariedad y la temporalidad.

CC OO pide al Gobierno que revise esta medida y ha recordado que el Consejo de Europa le ha dicho a España que "el derecho a la salud es fundamental y que lo corrija".

A finales de enero el Consejo de Europa consideró contrario a su convención el Real Decreto de Sostenibilidad del Sistema Sanitario, aprobado por el Gobierno en abril de 2012, por el que se deniega el acceso a asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular en España mayores de 18 años.

El Consejo rechazaba en su informe, fechado en enero de 2014, la justificación que da el Ejecutivo Español de que la crisis económica hace necesario para llevar a cabo esta medida, puesto que considera que esta coyuntura no debería suponer una reducción de los derechos reconocidos por la convención.

Añadía que, los gobiernos deben llevar a cabo un nível mínimo de investigación y análisis, con discusiones y consultas a las organizaciones afectadas, sobre los efectos de las medidas, cuyo impacto en los grupos más vulnerables debería estar adecuadamente determinado. El informe calificaba la medida de "legislación regresiva".