La Audiencia Nacional ha condenado a seis años de cárcel al exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca y al exalcalde de la localidad Julián Muñoz como autores de un delito continuado de malversación de caudales públicos,  agravado con la atenuante de dilaciones indebidas, por el caso Saqueo 2.

Además, les absuelve de los delitos de asociación ilícita y contra la Seguridad Social que se les imputaban.

En una sentencia notificada este miércoles, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal condena a 13 acusados, incluidos Roca y Muñoz, y absuelve a otros 15 procesados, entre los que se encuentran la exalcaldesa Marisol Yagüe y el exfutbolista y exconcejal Tomás Reñones.

Además, los condenados deberán abonar de manera solidaria indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil que en algunos casos, como el de Julián Muñoz, superan los 40 millones de euros.

El tribunal ha condenado también a seis años de cárcel al ex primer teniente de alcalde de Marbella Pedro Román por los delitos de malversación continuada y cohecho y al exmiembro del Consejo de Administración de la sociedad municipal Jardines 2000 Modesto Perodia, al que únicamente adjudica el primer delito.

También por un delito continuado de malversación impone cinco años de prisión a los exconcejales de Marbella María Luisa Alcalá y Rafael González Carrasco; cuatro y medio para la también exedil María Dolores Zurdo; y cuatro para el contable de varias empresas municipales Antonio Calleja y el empleado del Ayuntamiento marbellí y director del Centro de Orientación Psicosocial y Familiar, José Antonio Andrade.

Además, condena a tres años de cárcel al arquitecto Carlos Monteverde y a dos más al vocal de la sociedad municipal Tributos 2000 Francisco José Alarcón y los exconcejales Juan Manuel Blanco y Antonio Romero.

La sentencia describe las operaciones que llevaron a cabo los condenados para desviar fondos públicos del Consistorio marbellí. De esta forma, la Corporación municipal asumió deudas ficticias que no respondían a operación alguna, acordó relaciones contractuales inexistentes y dispuso de fondos sin haber justificado su destino público.

Los magistrados Alfonso Guevara (presidente), Ángeles Barreiro y Clara Bayarri consideran probado que entre 1991 y 1999 los concejales del Ayuntamiento, en el que el GIL tenía mayoría absoluta, asumieron la iniciativa del entonces alcalde, Jesús Gil, de "gestionar los servicios municipales a través de sociedades mercantiles participadas con capital íntegramente municipal".

Según la resolución judicial, alguno de los concejales "vinieron en disponer de fondos y patrimonio en perjuicio del erario" y concertaron su actuación, que estaba dirigida por Roca, Román y Muñoz, a través de órdenes de pago, transferencias y la disposición de bienes municipales.

El tribunal denota la existencia de "un ámbito de consorcio para favorecer el desvío de bienes y fondos públicos, centrado en Julián Muñoz, Pedro Román, Modesto Perodia y Juan Antonio Roca" que contaba con la "colaboración episódica" de María Dolores Zurdo y con "mayor intensidad" en el caso de María Luisa Alcalá.