La jueza que investiga el caso de los ERE irregulares, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de un millón de euros al ex director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Buenaventura Aguilera, imputado en la causa por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La fianza tiene como objetivo "asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes", según la jueza, que este miércoles ha llegado a los juzgados de la capital sevillana escoltada por tres agentes de la Policía Nacional, después de los incidentes ocurridos la pasada semana, cuando varias decenas de sindicalistas se concentraron frente al edificio judicial para pedir la libertad de los compañeros detenidos en la segunda fase de la operación Heracles.

La magistrada lo ha establecido así en un auto fechado este lunes, en el que concede el plazo de una audiencia "a contar desde el siguiente día a la notificación de la presente resolución" para la prestación de la fianza señalada contra la que cabe recurso de reforma ante el propio juzgado.

Alaya ordena "el embargo de bienes (previa relación de bienes efectuadas por el inculpado, quien será requerido al propio tiempo) para cubrir dichas responsabilidades si en dicho plazo no se constituyere la fianza".

Aguilera, que se acogió a su derecho a no declarar en su comparecencia ante Alaya el pasado 24 de septiembre, comparte abogado (José María Mohedano) con el exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, imputado en la causa por los mismos delitos, y al que la magistrada impuso una fianza de responsabilidad civil de 46.666.666 euros.

En el auto, la jueza argumenta que en este caso las acusaciones populares "están plenamente legitimadas" para solicitar este tipo de medidas (en contra, por tanto, del argumento realizado por el letrado del imputado), y que la razón "es sencilla", por cuanto "cuando se trata de delitos cuyo bien jurídico protegido son intereses difusos o colectivos, como acontece en los delitos contra la Administración, tales intereses deben ser protegidos por la acción popular".

Así, entiende que en el caso de Aguilera "concurren los presupuestos" para el establecimiento de medidas de responsabilidad pecuniaria, pues en la imputación judicial que la instructora realizó al exalto cargo antes de su declaración "se recogen indicios de la conducta antijurídica del mismo".

Para la magistrada, esa conducta "se basaría en no generar un cambio real hasta el Presupuesto de 2012, pues aunque en los presupuestos de 2010 y 2011 desaparecieron las transferencias de financiación, en las memorias del Presupuesto del programa 31.L (fondo de reptiles) del ejercicio 2010 se decía que el objetivo era continuar la línea de colaboración con IDEA en aplicación del concierto en vigor desde el año 2001, y en el de 2011 a través de la Encomienda de Gestión, que ningún cambio suponía en el sistema utilizado por la Consejería de Empleo para el otorgamiento de las ayudas públicas".

Según Alaya, todo ello "era conocido" por el imputado, "no sólo por ser el órgano directivo en materia de elaboración presupuestaria, sino porque cada año, con carácter previo a la elaboración de los presupuestos, debía reunirse en virtud de las Órdenes elaboradas" por la Dirección General de Presupuestos "con técnicos de alto nivel" a fin de "analizar la necesidad, eficacia y grado de ejecución de los programas, y en concreto hubo que hacerlo con los representantes de la Consejería de Empleo para conocer en profundidad el programa 31.L".

Igualmente, asevera que "corroboraría la presunta intencionalidad" del inculpado "de provocar una mera apariencia de cambio" la tramitación por su parte de dos modificaciones presupuestarias "que suponían un incremento" de las transferencias de financiación a la Agencia IDEA, una de diciembre de 2009, "cuando ya había emitido la instrucción donde ordenaba el cambio presupuestario, sabedor presuntamente de los déficits de control" que generaban dichas transferencias; y otra, del 22 de noviembre de 2010, por valor de 20 millones de euros, que fue "aprobada por el Consejo de Gobierno".

Además, expone que esto último se llevó a cabo, "a pesar de que en el propio presupuesto había desaparecido la citada partida de transferencias de financiación, de forma que en dicho momento se convertía de nuevo la modificación presupuestaria en la forma de volver al uso de dicha partida de espaldas al Presupuesto".

A la hora de fijar la fianza civil, la magistrada tiene en cuenta también "el riesgo de demora en la tramitación de la causa, por su volumen y complejidad", y el requisito de proporcionalidad, ya que "se trata de una medida justa" y adoptada "respecto de aquellos que intervinieron en el mantenimiento del sistema de concesión al margen del procedimiento legal de subvenciones".

Alaya añade que el informe fiscalizador de la Cámara de Cuentas de Andalucía "sitúa la tarea de elaboración presupuestaria como el origen, pues a partir de la misma, vía modificación presupuestaria, se crearía la partida fraudulenta".

Mientras tranto, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este miércoles una fianza de responsabilidad civil de 265.015 euros, más el tercio legal previsto, para el exsecretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CC OO-A Juan Antonio Florido, a quien Alaya ha imputado sendos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Durante su comparecencia, Florido se ha limitado a ratificar la declaración que, como imputado, prestó la pasada semana ante la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la operación Heracles.

También han comparecido ante la jueza este miércoles María Nieves Ruiz y María José Martínez Elvira, dos intrusas en el ERE de la empresa textil malagueña Hitemasa, a las que se les ha imputado los mismos delitos que al exdirigente de CC OO-A.