El director de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco, asegura que el gobierno español tenía conocimiento de que la presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, sabía que su conversación en el restaurante La Camarga de Barcelona en julio del 2010 estaba siendo grabada.

Así se desprende de su declaración judicial, donde explica que miembros de la policía nacional, del CNI y del Ministerio del Interior le presionaron el pasado mes de febrero para que la conversación no se hiciese pública.

Según él, le llegaron a decir: "Sabemos que Alícia lo sabía -que estaba siendo grabada-. Sálvala. Calla la boca o te haremos callar". En su declaración ante la policía española después de ser arrestado el 18 de febrero, Marco explicó que el día antes de ser arrestado fue "perseguido" tanto físicamente como por teléfono por diversos miembros del Ministerio del Interior, entre los que destacan comisarios de la policía española tanto de Madrid como de Barcelona.

Le exigían que no divulgase la conversación ni los informes sobre la grabación y que tampoco diese detalles. También aseguró que una redactora del diario El Periódico hizo de intermediaria en algunas de estas gestiones.

Marco y Alejandro B., el trabajador que colocó físicamente la grabadora en el centro de la mesa donde comió Sánchez-Camacho y la ex pareja de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, siempre han sostenido que la líder del PPC o alguien de su entorno más inmediato sabían que la conversación estaba siendo grabada.

Pero, además, Marco dice que la policía española sabía que Camacho lo sabía, y que, por tanto, no había ningún tipo de delito a investigar, o, como mucho, un supuesto delito de denuncia falsa por parte de la propia líder del PPC.

También se ha sabido que la grabación de la conversación que la policía obtuvo inicialmente estaba parcialmente manipulada, ya que le faltaban fragmentos importantes. La policía española recibió el 18 de febrero una llamada anónima de un hombre que hablaba en castellano, poco a poco y sin ocultar su voz.

El hombre indicó que había dejado información sobre Método 3 en un sobre blanco dentro de una papelera situada al lado de una estatua de la plaza Urquinaona.Dentro del sobre había un lapiz de memoria USB con una grabación sonora de 2 horas y 22 minutos, donde se podía escuchar prácticamente toda la charla.

Pero cuando la policía española registró la oficina de Método 3 encontró la grabación original, que duraba 3 horas y 39 minutos, donde constaba una hora previa en la que se escuchaba a Alejandro B. preparando la grabadora y dejándola en el restaurante y los nueve minutos finales donde Sánchez-Camacho se despide del restaurante sin pagar.

Tras levantarse el secreto de sumario hace unas semanas, los abogados de las diversas partes podrán solicitar nuevas diligencias. El de Alejandro B., por ejemplo, pide que se cite como testimonio a José Zaragoza, secretario de organización del PSC cuando sucedieron los hechos, ya que de la declaración como imputada de la gerente del partido, Lluïsa Bruguer, y de un informe de la policía se desprende que él habría sido quién encargó la grabación o al menos ordenó pagarla para conseguirla. En caso de que se le citase como imputado el caso pasaría al Tribunal Supremo.

También solicita que se cite como testimonios a los mossos d'Esquadra que hacían de escolta de Sánchez-Camacho en aquella época, ya que tendrían que haber controlado quién dejaba el centro de mesa o si había alguien fotografiándola desde fuera, como pasó.

Igualmente, pide que se cite a la secretaria de Sánchez-Camacho en el PP, que es quién habría reservado mesa en La Camarga, y la periodista de El Periódico que hizo de intermediaria entre Marco y la policía antes de ser arrestado.