La batalla medioambiental gana protagonismo en el ya tricentenario conflicto sobre Gibraltar, un ecosistema de gran valor ecológico regulado bajo varias figuras comunitarias que el Gobierno del Peñón ignora sistemáticamente mientras los de España y Reino Unido dirimen en los tribunales.

La protección ambiental de las costas y las aguas del Estrecho de Gibraltar y la prevención de actividades contaminantes, en los que la Junta de Andalucía, pese a su escaso protagonismo, es la administración competente en muchas materias, es un frente más en el secular conflicto por la soberanía del Peñón que enfrenta a los gobiernos español y británico.

Esta trinchera ambiental de la batalla de Gibraltar se ha reabierto con el reciente lanzamiento por las autoridades del Peñón de 70 bloques de hormigón al mar con el pretexto de crear un arrecife artificial.

El Estrecho constituye un valioso ecosistema por ser el estratégico punto de unión entre dos mares y dos continentes, así como escenario de una de las mayores migraciones ornitológicas del planeta, pues unas cien mil aves de medio centenar de especies lo cruzan cada primavera en dirección a Europa y cada verano, rumbo a África, según la Fundación Migres, que estudia este fenómeno.

También por estas aguas transitan del Atlántico al Mediterráneo media docena de diferentes tipos de cetáceos, así como otras especies en peligro de extinción de tortugas y lapas.

A la preservación de este valioso enclave se une la obligada prevención de los numerosos riesgos ambientales que amenazan el Estrecho, surcado anualmente por unos 80.000 buques, y la Bahía de Algeciras, una de las áreas más pobladas e industrializadas de Europa donde se trasvasan unos 20 millones de toneladas de productos petrolíferos, según datos de Greenpeace.

La Junta de Andalucía impulsó hace décadas la creación de sendos parques naturales: El Estrecho y la Breña y Marismas de Barbate, reconocidos posteriormente como partes de la red Natura 2000 de la Unión Europea y catalogados como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), pero que no incluyeron el Peñón de Gibraltar ni sus aguas colindantes.

El Gobierno andaluz también promovió la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos, aprobada en 2006 y que cubre un millón de hectáreas de ambas orillas del Estrecho, aunque tampoco incluye el Peñón y sus aguas.

Esta figura no es jurídicamente tan resolutiva como los LIC o las ZEPAS pero compromete ante organismos internacionales como la Unesco.

En 2009 se aprobó un nuevo LIC, denominado Estrecho Oriental, que sí incluye el Peñón y sus aguas colindantes, y cuyo decreto desarrollador, aprobado en diciembre de 2012, restringe las actividades económicas, endurece la normativa sobre vertidos o tendidos de cable submarinos y prohíbe el fondeo permanente de buques tanque dedicados al trasvase de combustible (bunkering).

La zona de aplicación de este LIC se yuxtapuso sobre unas 5.000 hectáreas de otro LIC, promovido en 2006 por el Reino Unido y denominado Southern Waters of Gibraltar, por lo que las autoridades británicas han pedido la anulación de la iniciativa española en el Tribunal General y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han rechazado las pretensiones británicas.

Ambos tribunales han orillado la disputa por la soberanía del Peñón y han invitado a España y al Reino Unido a colaborar en la protección ambiental de este valioso ecosistema; pero mientras tanto, las autoridades del Peñón han vuelto a actuar por su cuenta y han lanzado 70 bloques de hormigón en una zona en la que faenaban pesqueros españoles.

Como ocurre desde hace décadas, Gibraltar no sólo ignora la legislación comunitaria en materia de vertidos o contaminación, sino que acomete proyectos como el supuesto arrecife artificial sin la preceptiva evaluación ambiental previa, como antes hizo con la construcción de pantalanes, escolleras, diques o con rellenos del mar.

Y mucho menos ha cumplimentado la norma habitual en la Unión Europea de consultar al país vecino el impacto ambiental de una infraestructura fronteriza como, por ejemplo, España ha hecho recientemente con Portugal respecto al gasoducto de Extremadura a Doñana, o antes hizo Portugal con España en relación a la presa de Alqueva.