La primera denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de un caso de "niños robados" puede suponer una nueva vía para las víctimas, que intentarían buscar en Europa las respuestas que, según apuntan muchas de ellas, no les ha ofrecido la justicia española.

El abogado Enrique Vila presentó hace unos días la demanda, después de que el Tribunal Constitucional (TC) archivara el recurso del caso, que tiene su origen en el nacimiento de una niña en el Hospital Civil de Málaga en 1964 y cuya hermana asegura que ninguno de los familiares vio el cuerpo del bebé fallecido.

Además, no consta documentación sobre su defunción, por lo que no se puede acreditar el fallecimiento.

En declaraciones, Vila, quien también es presidente de la Asociación SOS Bebés Robados, confía en que el Tribunal Europeo admita a trámite la demanda, si bien apunta que ésta es una instancia jurídica que sólo acepta analizar el 20% de las peticiones que recibe.

"Yo espero que sí la admita porque en España está ocurriendo una clara vulneración de derechos fundamentales, muchos afectados no están teniendo una justicia efectiva por la prescripción de los delitos", afirma el letrado.

A pesar de que el pasado mes de diciembre, la Fiscalía General del Estado emitió una circular en la que, entre otras cosas, ordenó a los fiscales agotar la investigación de las denuncias antes de fijar posición sobre la prescripción, Vila sostiene que muchos casos se terminan archivando por falta de pruebas o de imputados.

En su opinión, el Tribunal Supremo o el Constitucional son los que tienen que marcar la línea a seguir por los jueces y "aún no la han trazado", por lo que lo que cada magistrado puede hacer lo que estime oportuno.

"Ante esto, el Gobierno no puede hacer nada, depende de la Justicia", asevera el abogado, que anima a los afectados a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para así agotar todas las vías posibles con el fin de encontrar a sus familiares "robados".

El presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), Antonio Barroso, también emplaza a las víctimas a acudir a esta instancia.

"Ya que a la justicia española parece ser que no le interesa este tema, habrá que ir fuera", resalta.

Aunque es consciente de que para llegar al citado tribunal hay que agotar todas las vías en España, es decir, haber llegado hasta el TC, Barroso señala que lo que sí pueden hacer los afectados es enviar una queja de su caso a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

Según el presidente de Anadir, dicha Comisión está admitiendo a trámite todas las quejas sobre casos de "niños robados" que recibe y, además, ha pedido un informe a la Comisión Europea de estos supuestos hechos ocurridos en España, en los que los bebés eran sustraídos a sus padres al nacer tras decirles que habían muerto.

En septiembre, la Comisión de Peticiones tiene una reunión y "se sabrá algo de lo que opina la UE sobre este tema", afirma.

"Mientras más quejas lleguen más favorable va a ser para nosotros" el dictamen europeo, según Barroso, que recomienda a todos los afectados que manden su queja, ya que "basta con enviar una carta −2 ó 3 euros en Correos− a la Comisión de Peticiones".

El pasado mes de junio, más de un centenar de familias anunció que se sumaría a la petición de un afectado por un supuesto robo de sus bebé en Granada, aceptada por esta Comisión, para continuar con la investigación del paradero de sus familiares.

Por otra parte, Barroso ha hecho hincapié en que el Gobierno "tiene que crear" una Comisión de Investigación sobre "niños robados", ya que "sin investigación no hay pruebas y sin pruebas no puede haber juicio".

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Causa de los Niños Robados, Mar Soriano, por el contrario, no cree que la demanda presentada por Vila llegue a buen puerto.

"Ahora mismo soy un poco escéptica porque el tribunal europeo verá que el Gobierno de España ha empezado a caminar con este tema y delegará en las actuaciones que éste está llevando a cabo", comenta Soriano, aunque cree que el Ejecutivo "va muy despacio" en este asunto.

Soriano considera que la justicia ya no está archivando los casos porque hayan prescrito, sino por algún defecto de forma o documental.