El centenar de activistas y vecinos reunidos este miércoles para defender el inmueble situado en el número 29 de la calle de Ofelia Nieto (Valdezarza, Moncloa) obligó al Ayuntamiento de Madrid ha aplazar temporalmente el desahucio y derribo del hogar de los Gracia-González.  La paralización, explicó un portavoz municipal a 20minutos, se debió a que los agentes antidisturbios de la Policía Municipal enviados a la zona "no podían garantizar la seguridad del personal que iba a realizar el alzamiento".

Los Gracia González, que llevan 10 años peleando para evitar que la Administración les eche de su casa, habían dado cobijo durante la noche a más de 60 personas pertenecientes o simpatizantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Asamblea de Tetuán vinculada al movimiento 15-M.

Las horas transcurrieron entre coloquios, proyecciones y discusiones hasta que la policía tomó la calle a las 6.30 horas. Tras el dispositivo de seguridad llegaron una ambulancia del Samur y la pala excavadora que debía comenzar la demolición.

El Ayuntamiento, que ya contaba con encontrar oposición, intentó crear un cinturón de seguridad alrededor de la casa, pero chocó con unas cien personas. Los forcejeos se saldaron con un solo traslado a comisaría después de que un manifestante se negase a mostrar su identificación. Testigos presenciales confirmaron que un grupo de jóvenes ajeno a los concentrados llegó a arrojar piedras a los antidisturbios, sin que se produjeran daños personales.

Finalmente, a las 8.30 horas, el área de Urbanismo desistió y los residentes de Ofelia Nieto rompieron en aplausos. La excavadora y los furgones policiales fueron despedidos entre gritos de "Sí se puede".

La calle continuó cortada hasta pasadas las 12.00 horas. En ese momento los congregados celebraban una asamblea para decidir las próximas acciones a tomar (incluyendo la posibilidad de realizar una manifestación en el barrio y acudir a la Junta de Distrito de Moncloa, además del establecimiento de turnos de guardia in situ) para "proteger" a los residentes.

Y es que el expediente de expropiación no está cerrado. Según la orden emitida por el juzgado, el Ayuntamiento tiene un mes de plazo para sacar por la fuerza a las 10 personas de las tres unidades que componen la familia.

Este martes, la familia interpuso un nuevo recurso solicitando la paralización de las acciones como medida cautelarísima. La petición se une al litigio iniciado por vía contencioso administrativa y a las alegaciones adjuntadas por defecto de forma a raíz de la notificación del desalojo, que solo menciona a una familia cuando en la casa, en realidad, viven tres. Además, el lunes s epresentaron en el registro municipal 4.000 firmas exigiendo la cancelación de los planes consistoriales.

Estos pasan por derribar la casa que Francisco Gracia y Luisa González (77 y 76 años) levantaron en el solar de su propiedad de forma legal y por la que han venido pagando los correspondientes impuestos hasta ahora. Urbanismo insiste en que deben irse porque la edificación choca con los planes municipales para ampliar la acera y construir viviendas en el mismo solar. Los afectados, sin embargo, se niegan en redondo.

Tras pasar la noche casi en vela, Angelines, una de las hijas de los dueños del inmueble, aseguraba estar "muy cansada". "Tenemos mucha angustia, porque esto acaba de empezar. Vamos a seguir luchando, porque el respaldo de la gente nos ha dado mucha fuerza", aseguraba. Su madre, Luisa agradecía el cariño de los vecinos  e insistía en que la finca es suya: "Es mi casa. Si hay sangre, hay sangre. Son unos ladrones y de mi casa no me echan".