Marcos sirve orujo mañanero a dos albañiles de las cuadrillas que estos días rehabilitan fincas solariegas en Maranchón, último de los ocho pueblos que conforman el pasillo sur del proyecto 'Cronos' (en la frontera de Guadalajara y Soria), donde una empresa busca en el subsuelo bolsas de gas que extraer mediante el controvertido método del 'fracking'.

La empresa Frontera Energy Corporation tiene desde hace tres meses permiso de investigación en la zona, pero Marcos aún no se ha cruzado ni con geólogos ni con ingenieros. A este lado de la barra, entre los parroquianos, el debate sobre la extracción de gas con inyecciones de agua, arena y químicos está servido. Pero Marcos ya se ha decantado. "Es una técnica que implica riesgos de contaminación del aire y de los acuíferos. Parte de EE UU y Francia lo han prohibido. Se aprovechan de que ésta es una zona despoblada para venir aquí a perforar. Saben que no puede haber mucha movilización", dice de corrido.

En su opinión, la mayoría del pueblo está en contra del proyecto, no así el alcalde, José Luis Sastre (PP), al que Marcos reprocha que no haya apuntado ya al municipio a la recién creada Plataforma Contra el Fracking de Guadalajara, en la que están adheridos todos los pueblos afectados, salvo éste y Sigüenza. "Lo que debería hacer el alcalde es convocar una consulta popular", pide mientras sirve cortados a los veraneantes más madrugadores, que en esta quincena agosteña multiplican por veinte la población de un municipio camino de Teruel (a 150 km de Madrid) y muy rehabilitado gracias a los ingresos que le reporta el parque de aerogeneradores que lo circunda.

Son las nueve de la mañana y frente al bar de Marcos tres hombres de cincuenta y tantos, ataviados con maillots, esperan la llegada de más compañeros para el paseo en bici matutino por estos montes de sabinas, enebros y robles. Veraneantes con lazos familiares en Maranchón, los tres se muestran dubitativos sobre el proyecto de extracción de gas. "Hay opiniones a favor y en contra y todas están muy fundamentadas", explica uno de ellos, que quiere creer lo que le ha dicho un amigo suyo, Ramón, ingeniero de minas y jefe de explotación de Cepsa y originario de Maranchón. "Dice que ahora esto es en definitiva solo un estudio, que va a suponer un alivio importante de dinero al municipio, pero que él sabe que no van a encontrar suficiente gas".

El permiso de investigación en vigor, uno de los 80 concedidos en toda España, consta de tres fases, de dos años cada una, y supone una inversión no menor a 15 millones de euros. En los dos primeros años se autoriza la evaluación sísmica y geoquímica de la zona. A partir del tercer año podrían iniciarse las perforaciones de pozos y ya entre los años quinto y sexto la polémica técnica de la fracturación hidráulica. Hay un punto del permiso que inquieta a los opositores al plan, y es el que dice que "en cualquier momento del plazo de vigencia de los permisos, podrá solicitarse una concesión de explotación".

Más ciclistas van sumándose al grupo que debate sobre 'fracking'. "Hace falta gas, si no hubieran abierto pozos de petróleo aún iríamos en carros de caballos", dice uno. Otro insiste en el argumento del mesonero Marcos, "han elegido esta zona despoblada y fronteriza para evitarse la confrontación". Un recién llegado informa al grupo de que este mismo fin de semana alguien ha hecho pintadas en contra del 'fracking' en la fachada de la casa del alcalde.

En efecto. Un enorme grafitti en el que se lee 'Frackin no!!' cruza por debajo de dos ventanas de la casa de José Luis Sastre. Nadie responde a la llamada a la puerta. Una vecina, Nancy, sale en defensa del alcalde. Está convencida de que "es un hombre responsable, que tomará la mejor decisión para el pueblo". Sobre los riesgos de contaminación del aire y el agua por fallos en la seguridad de la técnica de extracción, Nancy opina que son "tremendistas". "También decían que los molinos de viento iban a traer cáncer y aquí seguimos con salud".

En el Ayuntamiento de Maranchón dos funcionarios se afanan en tareas burocráticas. El alcalde no está en su despacho, explican. Le llaman al móvil, pero manda el mensaje de que él no va a estar disponible, que se vaya a preguntar al pueblo de al lado, Luzón. De vuelta al parquecillo de los ciclistas, una señora pide disculpas porque no sabe "nada de los pozos de gas", pero señala hacia un hombre de barbas, con sombrero y bastón, que pasea a su perro cien metros más allá, "él tiene que saber algo, es el alcalde".

José Luis Sostres se sonríe al sentirse descubierto, pero no rehuye del todo la polémica. Dice que tomará una postura respecto al proyecto de extracción de gas "cuando me siente con ellos (la empresa) y me digan qué van a dar al municipio. Entonces haremos un pleno, lo explicaremos, y, sí procede, haremos una consulta popular", y da por zanjado el tema. Sobre las pintadas, dice que las ha denunciado, que ésta es la segunda vez que se las hacen y que son  "la prueba de que en este país hay libertad de expresión sin perjuicio de la ley".

Dieciséis kilómetros, y un abismo en la manera de hacer frente al proyecto gasístico, separan a Maranchón de Anguita. Esta segunda villa, un enclave silencioso en el barranco del nacedero del río Tajuña, es este verano un pueblo teñido de amarillo chillón. No solo por los campos de girasoles, sino por las múltiples pancartas contra el proyecto de 'fracking' que cuelgan de las fachadas.

Ascensión, de 72 años, camina carretera arriba, en paralelo al arroyo y a las vegas hortelanas, junto a su hija, que le lleva las dos bolsas de la compra. "Yo ya he firmado contra el 'fracking' y me he comprado la camiseta", dice Ascensión, "esto no lo podemos permitir. Van a cargarse el medioambiente y a destrozar este entorno tan bonito que tenemos". La hija de Ascensión, que trabaja en el departamento de Medio Ambiente de la Generalitat catalana, no puede estar más de acuerdo con su madre. "Lo que quieren hacer aquí es una auténtica aberración".

En Anguita no se oyen más que voces críticas con el plan de perforar pozos para extraer el gas de pizarra o de esquisto mediante la técnica también conocida como fractura hidráulica. Preguntes a quien preguntes, todos están en contra con tal de "preservar el medioambiente" de esta pequeña villa que presume de iglesia del S. XII, de ermita del XVI y por la que, cuentan, pasó el Cid.

"Lo que a la gente le duele es el perjuicio potencial por la contaminación del aire y el agua", explica el jubilado Joaquín a su amigo, también jubilado, Carlos, sentados en un banco con sombra. "Traerá más perjuicios que beneficios", cree Lorenzo, que acaba de llegar al pueblo de sus padres a pasar las vacaciones. "Solo se acuerdan de estas tierras para explotarlas, mientras nos quitan todos los servicios", denuncia Miguel Ángel, que vive los 365 días del año en Anguita, al cuidado de un padre con Alzheimer.

La farmacéutica, María Jesús Fernández, es también la teniente alcalde de un municipio que no supera los cien habitantes en invierno. Este verano ha convertido su botica en una sede más de la plataforma contra el 'fracking'. Allí vende, junto a las aspirinas, las camisetas amarillas de la protesta a cuatro euros y recoge firmas para pedir la paralización del proyecto. "Lees lo que cuentan de otros países, como que uno de cada seis pozos da fallos o que se pueden producir movimientos sísmicos, y no lo quieres para tu pueblo".

Ante los argumentos del colegio oficial de ingenieros de minas —que defiende que se han mejorado las medidas de seguridad y que el 'fracking' es "una técnica madura" que puede reducir la factura energética del país y crear al menos "10.000 puestos de trabajo"—  Fernández saca la artillería antifracking: "Estudios de universidades americanas han probado la contaminación de acuíferos, y del aire por la evaporación de disolventes que utilizan para fracturar las capas de la tierra, se producen accidentes con camiones...", insiste. ¿Y los beneficios económicos que reportaría al pueblo el uso del suelo? Nada. "Las consecuencias negativas son tantas que ¿para qué queremos ser un municipio rico, pero sin gente y con un terreno inservible?".

El bar de Anguita también luce empapelado por dentro y por fuera contra el 'fracking'. Su propietario, Fernando, justifica la decoración en que "algo habrá que hacer ante un plan tan descabellado". Reconoce la unidad del pueblo en su posicionamiento contra una técnica "que hasta el Parlamento Europeo pone en cuestión", pero duda de que esta vez la unidad haga la fuerza. Y esgrime el argumento ya escuchado en Maranchón de la despoblación de la zona y de lo aislado del paraje como desventaja para su lucha: "O nos juntamos todos los de los pueblos, cortamos la nacional (N-211) y tienen que venir los antidisturbios, o esto no lo paramos, por mucho cartel que pongamos".