Se cumple este miércoles un año desde que el Eurogrupo liberó el primer tramo de ayuda financiera para rescatar al sistema financiero español. Después de una recapitalización de más de 55.000 millones de euros (al los que se suman otras muchas partidas millonarias, como los 41.000 millones comprometidos en el Sareb), toca hacer balance. ¿Dónde está el sistema financiero español?

Tanto las ayudas públicas empleadas como los distintos ejercicios de transparencia (los decretos de De Guindos y los análisis independientes de Oliver Wyman y Roland Berger, entre otros) llevados a cabo en la banca estaban dirigidos a fortalecer la confianza de los mercados en el sistema financiero español. Aunque el propio presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, puso a España como ejemplo de la manera de impulsar unos bancos resistentes, organismos como el FMI han dejado claro que las dudas sobre la calidad de los activos bancarios se mantienen y que serán necesarias nuevas revisiones de sus balances.

Precisamente la Comisión Europea acaba de emitir este miércoles su tercer informe sobre la evolución del rescate financiero a España. Pese a que la Troika sostiene que, de momento, no son necesarias más ayudas públicas para los bancos españoles, también reconoce que el sector sigue siendo, en general, vulnerable. "La incertidumbre, tanto por la evolución de la economía real como por su posible impacto en la banca sigue siendo elevada", añaden desde Bruselas.

Agencias independientes de calificación como Moody's han señalado varios posibles "agujeros" de la banca española, muchos de ellos asociados a la débil evolución de la economía. Así, la morosidad seguirá al alza (ya está en el 10,47%), y continuará restando capital a las entidades financieras. Además, la reciente sentencia judicial en contra de las claúsulas suelo supondrá que se eliminen ingresos hasta ahora seguros para las entidades en más de cuatro millones de hipotecas.

Por otro lado, las nuevas provisiones (de unos 13.000 millones) requeridas para las refinanciaciones, y el fin de los créditos fiscales como parte del cómputo válido para el capital (otro importe de más de 50.000 millones) suponen amenazas contra la solvencia de la banca española.

"España hizo en 2012 una evaluación de la situación del sistema bancario del país para equipararse en la percepción de la solvencia con el resto del sistema bancario europeo", señaló el martes el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien cifró el esfuerzo de las propias entidades en provisiones en 86.000 millones de euros. "Esta desventaja comparativa que tenía la banca española ha desaparecido", sostiene. El problema para la banca es que el ámbito bancario europeo está lejos de haberse estabilizado.

Cuando la banca española presume de haberse acercado al estándar europeo, el sistema financiero continental pasa a afrontar un nuevo esfuerzo para mejorar su solvencia. A principios de 2014 pasarán a regir en la Unión Europea las llamadas reglas de Basilea III, que tal como ha señalado el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, suponen pasar de un nivel mínimo de core capital (es decir, fondos propios de la máxima calidad) del 2% a un 7%.

Pese a que el margen legal para alcanzar estos niveles, los mercados internacionales presionan para que esta recapitalización se anticipe lo máximo posible, lo que supone un riesgo, en opinión del Banco de España, de profundizar la propia crisis y cerrar aún más el grifo del crédito. "La aplicación anticipada completa de los nuevos requisitos en el corto plazo, en un entorno económico como el actual, resultaría excesivamente procíclica", explica. Es decir, que obligar a aumentar el capital en época de restricción del crédito cerrará el grifo aún más.

La recapitalización forzosa de la banca española se está logrando por varios medios: por un lado, limitando los dividendos ofrecidos a los accionistas (así, una mayor parte del beneficio se destina a capital); por otro, vendiendo activos no estratégicos, tal como ha hecho Bankia con la venta de su participación en IAG (matriz de Iberia), por ejemplo. Si estas y otras medidas no fueran bastante y hubiera que rescatar a una entidad, la Eurozona ya ha diseñado un sistema para llevar a cabo rescates a la banca sin coste para el contribuyente.

Con la llamada Directiva de Recuperación y Resolución (popularmente conocida como bail in) se fijará a partir de 2014 el mecanismo mediante el cual se recapitalizará a las entidades insolventes. Básicamente, y tal como explica este informe del Servicio de Estudios de La Caixa, se establece un orden de prelación mediante el que se irán imponiendo pérdidas a los acreedores dueños de productos no garantizados. Quedan así excluidos de los rescates, por ejemplo, los depósitos bancarios inferiores a 100.000 euros y la deuda garantizada. Esta directiva forma parte de un proyecto aún mayor y que sigue en marcha: la unión bancaria europea.

La unión bancaria pretende varias ventajas para el sistema financiero español, tal como señala el FMI en su último informe. La principal, acabar con la fragmentación financiera en la eurozona, que ha provocado fugas de depósitos desde los bancos de la periferia hacia el centro. Tras la reciente aprobación de la directiva de resolución, los siguientes pasos incluyen la puesta en marcha del supervisor bancario único (que supervise más de 6.000 entidades de toda Europa y, de forma directa, a las 130 mayores).

Precisamente este mismo miércoles la Comisión Europea ha emitido su propuesta para un mecanismo único de resolución bancario (ver documento). El objetivo es que el BCE determine cuándo un banco está en severas dificultades financieras y necesita ser resuelto. Después, un panel creado ex profeso (con miembros del BCE, de la CE y autoridades del país afectado) prepararían la resolución del mismo, que sería llevada a cabo por las propias autoridades nacionales.

Junto a este supervisor único, falta por desarrollar el fondo de garantía de depósitos europeo, que daría un aval de ámbito continental a los depósitos de cada uno de los bancos de un país miembro. Pese a que las autoridades aseguran que con estas medidas los ahorros de los ciudadanos estarán protegidos, analistas críticos como el economista Carlos Sánchez Mato señalan que los fondos de garantía son incapaces de atender las obligaciones a las que ya se ha comprometido.