El pasado 17 de junio finalizó el plazo de un mes impuesto por la nueva ley para que las familias afectadas por un proceso de ejecución hipotecaria pidieran la anulación de su desalojo. Solo un mes de plazo daba la ley, algo que pasó inicialmente desapercibido.

Este viernes, la Plataforma de Afectados (PAH) va a registrar en el Congreso una carta dirigida a todos los grupos parlamentarios para insten al Gobierno a que elimine el plazo establecido para solicitar la suspensión de los desahucios por cláusulas abusivas.

El BOE publicó la nueva ley de protección a deudores hipotecarios el 15 de mayo y entró en vigor el día siguiente. Por lo tanto, el plazo finalizó el pasado 17 de junio. Era la fecha límite que tenía una familia para denunciar que está inmersa en un proceso de desahucio y que su hipoteca contiene cláusulas abusivas. Es la disposición transitoria cuarta de la nueva ley.

La PAH considera que el plazo "sumarísimo" de un mes deja a "miles de familias" en una situación de "absoluta indefensión", toda vez que el acceso a la justicia gratuita se demora en la actualidad "al menos un mes y medio".

Asimismo, la plataforma dice que el Gobierno ha hecho "nula difusión" del plazo del que disponían los afectados para pedirlo, quienes no han recibido ninguna notificación personal, por lo que "podría considerarse una violación en toda regla del derecho de defensa".

En principio, bajo la lectura estricta de la ley, desde este domingo 16 de junio ninguna familia "ejecutada" por la hipoteca podrá paralizar el desahucio de su vivienda. Solo le cabría la posibilidad de intentar la vía del juzgado. Se trataría de conseguir que sea el juez el que revise el préstamo hipotecario de la vivienda por si existieran cláusulas abusivas y si fuera así que paralizase el desahucio.

Esta iniciativa de la PAH sigue a la comunicación dirigida a los jueces madrileños el pasado 17 de junio en la que pedía que se recabaran datos en los juzgados 31, 32 y 100 sobre los procesos de ejecución hipotecaria en marcha y el número de ellos en los que el afectado ha podido instar el incidente de cláusulas abusivas. También pedían a los jueces que reclamaran al Gobierno la eliminación del plazo.