Los funcionarios de prisiones acusados de pegar a internos tras el motín ocurrido en la cárcel Quatre Camins de La Roca del Vallès (Barcelona) en 2004 han negado este lunes maltratos, aunque algunos han admitido el uso de la fuerza y cierta "contundencia" con los internos que ofrecían resistencia.

Esta mañana ha empezado el juicio en la sección quinta de la Audiencia de Barcelona que, en una decisión insólita, no ha permitido el acceso a las cámaras para tomar imágenes de los acusados como es habitual en el resto de vistas públicas.

En el banquillo de los acusados hay nueve funcionarios de prisiones, entre ellos el ex subdirector médico de Quatre Camins Xavier Martínez, por presuntamente haber maltratado a una quincena de internos durante su traslado a otros centros una vez sofocado el motín del 30 de abril de 2004.

La Fiscalía acusa a ocho de los funcionarios -contra el noveno sólo presentan cargos las acusaciones particulares- y pide penas de entre uno y ocho años de cárcel para ellos, por los delitos de lesiones y contra la integridad moral.

Los nueve acusados, que en la mayoría de casos se han acogido a su derecho a declarar sólo a sus defensas, han coincidido en negar los maltratos que se les imputan y, en bloque, han negado cualquier responsabilidad sobre dos informes que varios de ellos firmaron tras el incidente y que relatan el uso de "violencia física" sobre reclusos que se habrían "atrincherado".

Los imputados, incluso el ex subdirector médico de Quatre Camins, han asegurado que firmaron esos informes porque así se lo ordenó el director del centro, sin hacerse responsables de su contenido, que aludía a "medidas coercitivas" empleadas contra los presos, entre ellas el uso de esposas o de defensas.

Sólo algunos de los procesados han reconocido el uso de la fuerza en la conducción de los internos amotinados, entre ellos Xavier Martínez, que afronta una petición fiscal de ocho años de cárcel por haber propinado golpes y puñetazos a los reclusos, en ocasiones mediante el uso de su defensa de goma.

El ex subdirector médico, que en la época de los hechos era interino y ahora ya es funcionario, ha admitido que fue él quien ordenó personalmente el reconocimiento médico de la cincuentena de reclusos que iban a ser trasladados a otros centros y que en alguna ocasión se empleó "una cierta contundencia en las acciones contra los presos", que eran "forzados" si no obedecían.

"Si un interno venía por el pasillo y no quería caminar, se le ayudaba a caminar un poquito más rápido", ha aclarado el procesado, que tras negar "absoluta y radicalmente" que golpeara a ningún interno ha asumido ante el tribunal que durante los exámenes médicos llevaba una defensa en la cartuchera, pero sin llegar a usarla.

Tras negar las palizas que se le imputan, Martínez ha apuntado que las denuncias fueron instigadas por letrados del Observatorio para la Prevención de la Tortura, que ejerce la acusación popular en la causa, y se ha negado a contestar a esta y a las acusaciones particulares ejercidas por presos que denunciaron torturas.

Medio centenar de personas se han concentrado esta mañana a las puertas de la Audiencia de Barcelona, tras una pancarta con el lema "Cárcel=Torturas", y han gritado consignas como "los carceleros torturan y asesinan".