Los jueces podrán examinar de oficio las cláusulas abusivas en los contratos que afecten a los consumidores, según una reforma legislativa aprobada este viernes por el Consejo de Ministros.

Esta novedad figura en el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que, sobre todo, refuerza las funciones de los procuradores, principalmente en materia de notificaciones, en las que tendrán la condición de agentes de la autoridad.

Al hilo de esta modificación legislativa, el Ministerio de Justicia ha introducido la reforma para permitir que en los procesos moritorios —procedimientos rápidos en los que no hay contradicción entre las partes— el juez que conoce una demanda pueda examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora contenida en un contrato que afecte al consumidor.

De esta forma se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de junio de 2012, en el asunto C-618 Banco Español de Crédito, en la que se declaró que la normativa española no es acorde con el derecho de la UE en materia de protección de los consumidores.

Según el anteproyecto de Justicia, la ley permitirá ahora un trámite para examinar y controlar la existencia de esas cláusulas abusivas, previa audiencia de las partes.

Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció también que las medidas que regulan en España los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca son contrarias a la legislación europea, que busca proteger a los consumidores de las cláusulas abusivas.

El anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil refuerza además las funciones de los procuradores, sobre todo en materia de notificaciones, en las que tendrán la condición de agentes de la autoridad.

La ley permitirá al ciudadano elegir si quiere que sea el procurador, bajo las órdenes del secretario judicial y control judicial, quien practique los actos de comunicación, los embargos y algunos actos de ejecución de la resolución que se dicte al final del proceso, o, como hasta ahora, sigan siendo los funcionarios de la Administración de Justicia quienes lo hagan.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que esta reforma mejora la seguridad jurídica y proporciona una mayor implicación a los procuradores en los procesos civiles para garantizar más agilidad en las comunicaciones en determinados actos de ejecución.

Los procuradores podrán realizar embargos de bienes muebles y cuentas corrientes y se incrementan sus funciones en los procesos de ejecución, pues podrán realizar el requerimiento de pago en el domicilio del ejecutado o donde puedan encontrarlo.

La reforma también incluye cambios en el juicio verbal, para evitar la indefensión sin demorar el proceso, y en el proceso monitorio, para que el juez que conoce una demanda pueda examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora contenida en un contrato.