La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que traía a España a mujeres de Paraguay para explotarlas sexualmente en pisos y chalés ubicados en Pamplona, Santander, Bilbao y Vitoria por los que rotaban mensualmente con el fin de ofrecer "novedades" a sus clientes.

En la operación han sido rescatadas 17 mujeres y se ha detenido a 11 personas en España y 12 en Paraguay. Además, se han realizado once registros domiciliarios en ambos países.

Según ha informado la Dirección General de la Policía en una nota de prensa, la red criminal llegó a obligar a ejercer la prostitución a más de cien mujeres paraguayas en los últimos cuatro años.

Las ganancias obtenidas por la organización ascendieron a un millón de euros en el último año, cifra que incluso se duplicó en años anteriores.

Miembros de la red recorrían los pisos y chalés semanalmente para recoger las ganancias y "corregir los comportamientos de las mujeres que se salían de las normas" y sobre las que la organización mantenía un estricto control, añade la nota.

Al parecer, la organización criminal blanqueaba el dinero a través de un entramado financiero formado por más de quince sociedades articuladas en torno a dos sectores: el publicitario (con servicios de publicidad en autobuses y casas de citas) y la compraventa de vehículos (limusinas y otros coches de alta gama).

Los miembros de la organización acudían a las entidades bancarias con las víctimas a las que obligaban a abrir cuentas desde las que enviaban dinero a Paraguay como parte de la deuda contraída con sus captores.

La Policía ha avanzado que las primeras pesquisas comenzaron en agosto de 2011 a partir de declaraciones de mujeres de origen paraguayo que, acompañadas de una ONG de ayuda a víctimas de trata de seres humanos, se pusieron en contacto con la Policía.

A partir de ese momento, se inició una investigación que condujo a una organización que captaba mujeres entre los estratos más pobres y marginados de Paraguay para gestionar su viaje a España.

La operación se enmarca en el plan policial, aprobado el pasado mes de noviembre, contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual puesta en marcha por la Dirección General de la Policía.