El Gobierno, por boca del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado que creará una nueva Ley de Seguridad Privada. Esta nueva norma, que según ha concretado Fernández Díaz, viene a "subsanar las lagunas de la anterior, que data de 1992", llega tras el escándalo de las escuchas políticas de la empresa Método 3.

De esta manera, las "escuchas tendrán siempre carácter privado", según ha anunciado tras el Consejo de Ministros el titular de Interior. Sobre las empresas y despachos de detectives, Fernández Díaz ha dicho además que se prohibirá el uso de instrumentos tecnológicos que "vayan en contra del derecho al honor" y que las grabaciones deberán destruirse en un año, salvo si estas forman parte de pruebas de investigaciones judiciales.

En la nueva ley, además, se introducirán fuertes sanciones contra el intrusismo, que pueden dar llegado el momento con el cierre de la empresa en cuestión. Según el ministro Fernández Díaz, España es la tercera 'potencia' en seguridad privada en el mundo, que factura al año 3.600 millones de euros al año, emplea a 90.000 personas y cuenta con más de 1.500 empresas.

La nueva norma pretende regular el sector de manera integral para que la seguridad privada sea subordinada, complementaria y coordinada con la seguridad pública. Estas son, por lo tanto, algunas de las novedades para ahondar en un "mayor control" de la Administración a las empresas de detectives privados a las que además se les obligará a documentar por escrito los encargos que realicen en sus investigaciones detallando la identidad, los medios utilizados.

La futura ley establece la creación de un nuevo Registro Nacional de Seguridad Privada en el que deberán inscribirse de forma obligatoria todas las empresas, incluidos los despechos de detectives. Así, la ley persigue regular el sector de manera integral para que la seguridad privada sea subordinada, complementaria y coordinada con la seguridad pública.

Como ha dicho el ministro, que la seguridad privada sea "submateria" de la pública y considere a la primera un recurso externo de la segunda. Fernández Díaz ha recordado que el número de vigilantes privados se sitúa en unos 200 por cada 100.000 habitantes, 71 menos que la media de la UE, mientras que España es uno de los estados de Europa con más policías por cada 100.000 habitantes, 528 frente a los 385 de media de la Unión.

Por primera vez, se regula en una norma de rango legal las medidas de seguridad física, electrónicas e informáticas, con el objetivo de que las compañías puedan ofrecer nuevos servicios demandados por la sociedad, como la videovigilancia privada en inmuebles, la gestión y respuesta de alarmas o la vigilancia de polígonos, urbanizaciones y zonas comerciales peatonales.

Además de estos servicios, la nueva ley también abre la puerta a que vigilantes privados vigilen el perímetro de las prisiones siempre bajo la dirección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las actuaciones de control e inspección sobre las entidades, el personal y las medidas de seguridad se recogen también, por primera vez, con rango de ley, así como la obligación de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de ese personal.

Además, se regulan las medidas provisionales que pueden adoptar los funcionarios policiales antes de la incoación de un expediente sancionador, cuando sea necesario para evitar la producción de daños (suspensión de servicios prestados por empresas no autorizadas, desconexión de alarmas).

Por último, el texto se adapta a la actual distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas e introduce también instrumentos para evitar la actuación de empresas que incumplan sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores.