La polémica por el espionaje político en Cataluña estalló este lunes, 11 de febrero, cuando salió a la luz pública que una agencia de detectives grabó presuntamente un encuentro entre la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y la excompañera sentimental de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat. Pero, una vez el caso ha quedado en manos de la Policía, fuentes de la investigación apuntan a que se habría espiado durante años a políticos catalanes y de otros puntos del país, así como jueces, periodistas y empresarios. Se podrían haber elaborado 500 informes sobre políticos de CiU, el PSC o el PPC.

El 7 de julio de 2010, cuando la líder PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, se reunió en un restaurante de Barcelona con Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, quien le reveló las supuestas corruptelas de éste respecto a un presunto caso de blanqueo de dinero que desde hace semanas investiga un juez.

El conseller de Presidencia catalán, Francesc Homs, no descarta que las escuchas ilegales puedan tener vinculación con el proceso soberanista y, en ese contexto, se ha preguntado por qué se conocen ahora y no hace dos años y ha pedido que se investigue todo con celeridad. En cualquier caso, Homs está convencido de que en Cataluña no ha habido un proceso de espionaje a "gran escala" donde todo el mundo tenía los teléfonos pinchados.

Según varios medios, la agencia de detectives Método 3 habría colocado un micrófono en el jarrón de flores que había en la mesa del restaurante La Camarga, el local de la calle Aribau de Barcelona donde tuvo lugar la comida entre Camacho y Álvarez, quien denunció la interceptación de sus comunicaciones y pidió protección al temer por su integridad.

El mismo día que se destapó el caso de las escuchas, la líder popular se defendió recordando que ella no era diputada del Parlament (era senadora) en aquel momento. "Si alguien me informa que es conocedora de algún delito, es esta persona y no yo la encargada de denunciarlo ante la justicia", sentenció Sánchez-Camacho.

Tras leer las declaraciones de Álvarez, el fiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, sostuvo que son "temas bastante inconcretos y difícil que a partir de estos se ultimara una investigación". Es por eso que entiende que no se puede acusar a Camacho de un delito de encubrimiento, aunque sí podría tratarse de una omisión de persecución de delitos.

El Mundo publicó el 12 de febrero que fue el exsecretario de organización del PSC José Zaragoza quien, el 26 de mayo de 2010, encargó a Método 3 espiar a la expareja de Pujol Ferrusola para conocer las finanzas de CiU, extremos negados por el exdirigente socialista. El director de la agencia insinuó que fue alguien del entorno cercano de la líder popular.

El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona ha asumido la investigación del caso tras la denuncia interpuesta por Sánchez-Camacho ante la Policía Nacional, que practicó los registros y las detenciones. Una vez presentada la denuncia ante la Policía Nacional, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció el día 14 que "se investigará muy a fondo" la supuesta trama de espionaje. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también ha afirmado que el espionaje es un "delito muy grave" y que si se demuestra todo "se actuará con toda contundencia".

Según los medios de comunicación, la trama de espionaje también elaboró informes sobre otros políticos, como el expresidente de la Generalitat José Montilla; el ahora conseller de Empresa, Felip Puig -antes ocupaba la cartera de Interior-, y la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, entre otros. Los dos últimos optaron per denunciar los hechos y lo hicieron ante los Mossos. De este modo, entran en el caso. El Ejecutivo catalán se había mostrado muy molesto al considerar que la policía autonómica hubiera sido marginada. El conseller de Interior, Ramon Espadaler, afirmó que no solo tienen competencias para investigar este tipo de delitos -a diferencia del terrorismo, por ejemplo-, sino que, además, están capacitados.

Sí. El día 18, la Policía arrestó al director de la agencia de detectives, Francisco Marco, y a tres exempleados: Alejandro Borreguero, que colocó el micrófono con el que se grabó a la líder 'popular' en el restaurante La Camarga de Barcelona; Julián Peribáñez, encargado del reportaje fotográfico sobre el encuentro; y la responsable operativa de Método 3, Elisenda Villena. La juez de guardia, que le tomó declaración tres días después, les dejó en libertad provisional acusados de un delito de revelación de secretos y, como medida cautelar, retiró el pasaporte a Marco y Villena.

No. El propio Zaragoza admitió haber realizado cuatro encargos a Método 3, pero puntualizó que solo por "temas de seguridad", como "barridos" en la sede de la calle del PSC de la calle Nicaragua para detectar si había micrófonos ocultos o teléfonos intervenidos. El socialista anunció querellas para quienes le atribuya casos de espionaje. El Mundo, en cambio, mantiene que pidió informes sobre la presunta financiación irregular de CDC a través del Palau de la Música.

El presidente del Colegio Oficial de Detectives Privados de Cataluña, Enrique Arranz, recuerda que ellos solo investigan, no espían. Además, legalmente solo pueden grabar conversaciones en las que ellos mismos participen y el uso está limitado. Solo un juez puede autorizar la instalación de micrófonos y la intervención de teléfonos.

La agencia de detectives podría haber recibido encargos de varios partidos para investigar a distintas formaciones tanto de Cataluña como en otros lugares del país. Además, algunas de las personas investigadas por la Policía Nacional ahora están vinculadas con la operación Pitiusa, de tráfico de datos protegidos, según han confirmado a 20minutos.es fuentes policiales.

Aquel primer caso de tráfico de datos, destapado en mayo de 2012, se saldó con la detención o imputación de 150 personas en todo el país, muchas de ellas detectives privados que supuestamente habrían comprado informadores en compañías telefónicas, cuerpos policiales y administraciones públicas, para conseguir datos de personas y empresas de todo el país. Algunos de estos contactos podrían estar también implicados en el tráfico de datos de políticos, de los que se podrían haber elaborado 500 informes.

La Policía inspeccionó en mayo de 2011 la agencia de detectives Método 3 y detectó irregularidades muy graves, que la ley de seguridad privada castiga con hasta 600.000 euros. Sin embargo, el informe fue archivado por la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigida entonces por el PSOE.

No, la Fiscalía pidió explicaciones en 2008 a la Generalitat sobre varios informes encargados por el tripartito, entre 2007 y 2009, por su dudosa utilidad, entre ellos uno sobre la avellana que costó 30.000 euros y fue realizado por Método 3, que elaboró otros tres y que recibió ayudas públicas para proyectos de innovación.