La Policía Nacional ha detenido hasta el momento a 88 personas en el marco de la operación "Pitiusa" contra una organización dedicada al tráfico de datos personales y empresariales, según informa en una nota el Ministerio del Interior.

A los arrestados se les atribuye la comisión presuntamente de los delitos de intrusismo profesional, descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y blanqueo de capitales.

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció que se habían detenido a unas 73 personas en una veintena de provincias de autonomías como Cataluña, Madrid, País Vasco, Galicia, Cantabria y la Comunidad Valenciana, a los que el jueves se sumaron otros 15.

Entre los detenidos, hay 40 detectives privados, 15 empleados públicos y 33 empresarios, asalariados y particulares. Al parecer, los detectives obtenían de los funcionarios y de los empleados de operadoras de telefonía la información que necesitaban sobre sus investigados.

El origen de estas investigaciones se sitúa en marzo de 2011 en Barcelona por las actividades de un exdetective privado, actualmente policía local, que presuntamente utilizaba y cedía datos confidenciales obtenidos por su condición de funcionario público.

Los investigadores concluyeron por sus averiguaciones que presuntamente su conducta no se trataba de un hecho aislado.

Al parecer formaba parte de una estructura organizada de carácter horizontal dedicada al mercadeo de información y datos reservados de carácter personal y empresarial a gran escala, con ramificaciones en todo el territorio nacional, recuerda el Ministerio.

En esta operación, desplegada con un amplio dispositivo policial en diez autonomías, se han realizado 46 registros en Cataluña (35), Madrid (3), País Vasco (3), Galicia (2), Cantabria (1) y Valencia (2).

Un total de 380.000 euros y abundante documentación y material informático han sido intervenidos por la Policía en esta investigación.

Los detenidos operaban supuestamente con datos como matrículas, historiales médicos completos y expedientes de la Agencia Tributaria, entre otros.

Esto les otorgaría a sus poseedores una situación prevalente frente a otras empresas de la competencia, según Interior.

Esta operación continúa abierta y está siendo realizada por la brigadas de Seguridad y Protección y de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña y la sección de Blanqueo de Capitales de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial.