El inspector jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo, descarga la responsabilidad del operativo policial para la fiesta de Halloween del Madrid Arena en la jefa de la Unidad de Moncloa-Aravaca, Cándida Jiménez.

Según declaró este miércoles ante el juez del caso, era ella quien tenía la obligación de hacer respetar la ley antibotellón, en lugar de permitir que los jóvenes bebieran a su antojo en la zona sin poner ni una sola sanción.

Puesto que él no estaba presente aquella noche, Monteagudo también señalo que Jiménez tenía que velar por que se cumpliese la orden verbal de elevar el nivel de riesgo del operativo de 'medio' a 'alto'. Ello suponía enviar a la zona a 18 agentes, en lugar de los 12 que, según los sindicatos policiales, el exconcejal de Seguridad Antonio de Guindos y la propia jefa de la unidad de Moncloa Aravaca prestaron servicio aquella noche.

Los abogados de las víctimas sospechan que esa orden nunca se dio. También creen que la Policía podría haber cometido un delito de falsedad documental por haber elaborado a posteriori los informes que justificaron el dispositivo del Madrid Arena y uno mayor, de 42 policías, que esa misma noche fue enviado al evento organizado por un programa de televisión. Antes del día 1, no hay referencia por escrito al incremento del nivel de seguridad.

"Él asume la responsabilidad de haber hecho las normas y dar las instrucciones para que el servicio se hiciera correctamente y debidamente conforme a las normas", subrayó el abogado del responsable policial.

La declaración de Emilio Monteagudo ha confirmado la estrategia de los cargos políticos y de confianza del Ayuntamiento de Madrid de derivar la culpa hacia los escalafones inferiores.

A pesar de las peticiones de la oposición, Ana Botella se niega a dimitir alegando que las competencias específicas en lo relativo al alquiler del pabellón Madrid Arena y a la Seguridad correspondían a los concejales Pedro Calvo y Antonio de Guindos.

Calvo fue el primero en dimitir, pero su equipo aduce que los gestores de Madrid Espacios y Congresos (Mec), la empresa pública que gestiona el multiusos, deberían haber puesto medios para evitar que la tragedia ocurriese.

Ana Botella cesó al consejero delegado de Mec, José Ángel Rivero, y al director gerente, Jorge Rodrigo Domínguez, por ocultarle que la empresa que organizó la fiesta mortal tenía trato preferente. Rodrigo declaró ante el juez, por su parte, que el director de Seguridad, Rafael Pastor, y el coordinador de Operaciones y Proyectos, Francisco del Amo, podían haber parado el evento a la vista de los problemas de seguridad del recinto. Ninguno de ellos observó que hubiera deficiencias.

Antonio de Guindos también dimitió. Al pasar por los juzgados de Plaza de Castilla, siguió la misma pauta: él no tenía el poder de decisión para intervenir en el botellón o reforzar la seguridad. Estas facultades las ostentaban, por delegación, la concejal coordinadora de Emergencias, Fátima Núñez, y Monteagudo, jefe de la Policía Local.

Núñez aún no ha hablado en sede judicial. En su día, ya justificó haber enviado más agentes al evento del programa El Hormiguero, de Antena 3, que al Madrid Arena. También, el hecho de que no se avisase al Samur de que la macrofiesta de Halloween iba a celebrarse.