La Agencia Tributaria solo investigará a los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 en los casos en que éstos formen parte de los llamados "grupos de riesgo". Es decir, Hacienda se limitará a actuar con aquellos contribuyentes en los que las irregularidades sean notorias: "niños, personas fallecidas, no declarantes anteriormente...", han explicado fuentes del ministerio, que han insistido en que la Declaración Tributaria Especial (DTE) no ha supuesto un tipo nuevo.

El Plan de Control publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), si bien menciona de forma genérica que "analizará si los contribuyentes que se han acogido a procesos de regularización voluntaria", no destina sin embargo ningún tipo de medio específico para realizar esta operación "y no se refleja en las líneas de actuación que figuran en el texto", critica el colectivo de inspectores de Hacienda. Tampoco habrá una especial vigilancia -según reconoció la propia dirección de la agencia- hacia los políticos.

Quienes sí recibirán una atención preferente, tal como consta en los documentos de la Agencia Tributaria, serán tanto las multinacionales como los contribuyentes con bienes en el extranjero. Los primeros serán objeto de una mayor investigación gracias a la inminente creación de una Oficina de Fiscalidad Internacional, que entre otras cosas analizará los métodos de tributación de las grandes corporaciones transnacionales y "la utilización indebida de fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, la deducción artificiosa de gastos financieros o el aprovechamiento indebido de pérdidas o bases imponibles negativas", todas operaciones que conllevan pagar un tipo efectivo en el impuesto de sociedades por debajo de la media.

El foco prioritario hacia los evasores en el exterior se completará con una comprobación de todos aquellos contribuyentes que ofrezcan indicios de operaciones en el extranjero que permitan "presumir la existencia de bienes y derechos ocultos fuera de nuestras fronteras". Hasta el momento, según datos oficiales, apenas 3.000 contribuyentes han regularizado sus bienes en el extranjero, si bien el plazo para hacerlo concluye en abril.

A la vista del plan, la Organización Profesional de Inspectores (IHE) ha reconocido como "acertadas" las directrices del mismo, si bien a su juicio "no van a servir para reducir sustancialmente el fraude" debido a la creciente escasez de medios técnicos y humanos. "Al reconocer expresamente que no se dotará a la Agencia de mayores medios, el fracaso está asegurado", han indicado en un comunicado.

La Agencia Tributaria comenzará a controlar el juego online, después de que la reciente ley del juego permitiera la creación de este nuevo mercado regulado en España. También se investigará la tributación de los premios y se obtendrá información sobre los datos de actividad de los operadores de juego en general. Además se identificará a los premiados y el importe de los premios, ya que desde este año, los premios de loterías tributan al 20%.

En el caso concreto del comercio electrónico, Hacienda realizará actuaciones de investigación dirigidas, por un lado, a la catalogación de las principales operativas de gestión de negocio asociadas a actividades realizadas exclusivamente a través de la Red, al objeto de determinar patrones de riesgo fiscal y, por otro lado, a obtener información sobre la actividad económica de los contribuyentes en Internet.

El resto de actuaciones que priorizará la Agencia Tributaria este año suelen ser las habituales, como la economía sumergida y los signos externos de riqueza, el fraude organizado, las tramas de IVA, el blanqueo de capitales, el contrabando de tabaco, alquileres no declarados, estimación objetiva o procesos concursales.

Para combatir estos fraudes, Hacienda quiere seguir potenciando la presencia de los órganos de control en la calle para la realización de controles masivos y actuaciones de captación de información sobre actividades económicas abiertas al público. También continuarán las actuaciones presenciales para la detección de alquileres no declarados y, como novedad, se usarán otras fuentes de información como los registros administrativos o internet, además del consumo eléctrico.

Otra novedad de este año es que se analizarán las denuncias recibidas por realizar pagos en efectivo superiores a 2.500 euros en aquellos casos en los que se aporten elementos de prueba consistentes que permitan acreditar la veracidad de la denuncia realizada.

El Ministerio de Hacienda ha concentrado un buen número de críticas por parte de los partidos de la oposición a raíz de la publicación de los datos de déficit del Estado en términos de contabilidad nacional. Así, el desfase negativo entre ingresos y gastos alcanzó en enero los 12.729 millones de euros, lo que supone una subida del 35% en un año. Según fuentes del Gobierno, la principal causa ha sido el aumento de las devoluciones, que ha hecho caer los ingresos un 20%.

"Es otra chapuza más", ha diputado de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, quién ha acusado al Ejecutivo de retrasar estas devoluciones para "disimular" una situación económica que es peor de lo que se admite. En esta misma línea, la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, ha acusado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de mentir burdamente para maquillar las cifras de déficit. "Mi partido ya advirtió que la cifra del 6,7% del PIB era falsa", reiteró.

También el portavoz de Izquierda Plural, José Luis Centella, ha denunciado el "maquillaje absurdo" que ha hecho el PP recurriendo a la "ingeniería contable". Además, el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, calificó al titular de Hacienda de "adicto a la mentira".