El titular del Juzgado número 2 de Valdemoro, Agustín Carretero, ha confirmado en un auto las respectivas fianzas de 900.000 euros impuestas a los ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos Joaquín Tejeiro y Pedro Torrejón para eludir la prisión.
Carretero adopta esta decisión en un auto en el que desestima los recursos de reforma interpuestos por Tejeiro y Torrejón contra la decisión de encarcelarles hasta el pago de sendas fianzas.
El abogado de Torrejón, Marino Turiel, adelantó que su cliente podría salir de la cárcel esta misma semana tras presentar como aval de la fianza las viviendas que posee, con un valor superior a los dos millones de euros.
Aseguró que tras quince días de diligencias no hay "ningún indicio de delito" y anunció que recurrirán en apelación el auto porque es la fianza "más alta de la historia judicial española".
Sin patrimonio
Por su parte, Julio Aranda, abogado de Joaquín Tejeiro, indicó que su cliente no tiene patrimonio para pagar la fianza y lamentó que el juez siga "insistiendo en que puede existir un cohecho", por lo que anunció también un recurso ante la Audiencia Provincial.
El juez tomó ayer declaración a los portavoces de los cuatro grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Ciempozuelos.
El abogado de la acusación popular, del PP, Juan Ramón Montero, indicó que la alcaldesa declaró que "se hizo una recogida de documentos, incluso de un ordenador, en el despacho del ex alcalde Torrejón en el Ayuntamiento, por parte de la policía, dos días después de la dimisión de Torrejón como alcalde, y sin que el juzgado tenga conocimiento de ello".
Enrique Gómez, abogado de la acusación popular del PSOE, negó que la alcaldesa se refiriera a ningún registro policial e indicó que en realidad se trata de "los enseres personales de Pedro Torrejón, que fueron entregados a su secretaria en presencia de un policía municipal, para que éste levantara acta".
Sospechas
El representante del colectivo Manos Limpias, Miguel Bernard, anunció su intención de solicitar la imputación de Susana León por "cooperadora necesaria en un presunto delito de corrupción urbanística". Los portavoces del PP, PIC e IU indicaron que sus declaraciones se centraron en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana y en el funcionamiento interno del Ayuntamiento.
Aseguraron además que no tenían ninguna sospecha de que se pudieran estar produciendo los supuestos delitos que se imputan a los dos ex alcaldes. Por último, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, afirmó que no descartaba pedir también la imputación de Enrique Benedicto "por un supuesto delito de tráfico de influencias si se demuestra su amistad con los ex alcaldes encausados".
El letrado del PSOE, Enrique Gómez, respondió que "este hecho es grave ya que supone un juicio paralelo que nada tiene que ver con lo que se está investigando en esta sala.
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