Las quejas ciudadanas relacionadas con la Sanidad se han triplicado en el último año. Si en 2011 el Defensor del Pueblo gestionó 591 quejas relacionadas con temas sanitarios, la cifra se ha disparado hasta las 1.672 reclamaciones durante el año pasado. La administración de Justicia es otro de los mayores focos de protestas para los españoles: si hace dos años generó 1.187 quejas oficiales, este ejercicio la cifra aumentó a más del doble: 2.532 reclamaciones.

En este contexto, el Defensor del Pueblo ha hecho públicas sus críticas al sistema judicial español por sus continuos retrasos y a algunos de los recortes impuestos tanto en Sanidad como en Educación, entre otros aspectos. El organismo presidido por Soledad Becerril ha publicado su informe anual correspondiente a 2012, y lo ha remitido tanto al presidente del Congreso como del Senado.

El informe, que repasa toda la actividad supervisora del defensor público a lo largo del año pasado, incluye además un extenso resumen de "recomendaciones y sugerencias efectuadas a las administraciones". Este organismo, según sus propias palabras, si bien no legisla ni tiene capacidad ejecutiva, "puede tener la autoridad necesaria para hacer ver a los poderes ejecutivo y legislativo la necesidad de tomar determinadas medidas".

El Defensor del Pueblo llevó a cabo el pasado año una "redefinición terminológica", con la que pasa a distinguir entre quejas, investigaciones de oficio y solicitudes de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional. El organismo reconoce que este año ha recibido un número "extraordinariamente elevado de solicitudes", debido en su mayoría a peticiones (a través de su página web) de funcionarios públicos movilizados en contra de la supresión de una de las pagas extra decretada en 2012.

Así, de los 280.592 expedientes gestionados por el Defensor en 2012, una inmensa mayoría (más de 243.000) han consistido en reclamaciones de empleados públicos contrarios a la reducción de salario decretada por el ministro Montoro. Esta inusual avalancha de peticiones han multiplicado por 12 las reclamaciones presentadas ante el defensor público con respecto al año pasado. Sin embargo, restando el efecto anómalo de la reclamación funcionarios, el descontento de los funcionarios ha aumentado aún considerablemente.

Si en 2011 se gestionaron 21.420 quejas ciudadanas, la cifra en 2012 ascendió a 33.478 protestas durante el año pasado, un 56% más. El crecimiento de estas protestas de la población se registraron en casi todos los sectores más afectados por la crisis. Como muestra, en 2012 se estudiaron 2.337 quejas relacionadas con la Vivienda. Hace solo un año estas quejas ni siquiera estaban contabilizadas por el Defensor del Pueblo.

La economía ha sido uno de los principales motivos de protesta para los ciudadanos. Así, las quejas relacionadas con la Ordenación Económica se han duplicado hasta acumular más de 2.100, mientras que las relacionadas con Hacienda y Tributos, por su parte, se incrementaron un 28%.

A raíz de las quejas y las actuaciones de oficio, el informe de la entidad presidida por Soledad Becerril enumera además un extenso listado de recomendaciones y críticas a las distintas administraciones. En relación con los desahucios, el Defensor del Pueblo reclama que las ayudas a la banca se extiendan también a las familias hipotecadas que no puedan afrontar los pagos. Reclaman, por ejemplo, medidas como una moratoria hipotecaria, paralización del cobro de intereses o tasas, leyes de segunda oportunidad...

El defensor es especialmente crítico con la Justicia. Tanto que tilda de "empobrecimiento" para la democracia las continuas dilaciones que sufren los juzgados españoles, y apuesta por aumentar los medios materiales y humanos y reformar la normativa de enjuiciamiento para agilizar los procesos. El organismo supervisor, por otro lado, reclama un endurecimiento penal hacia los comportamientos que supongan un mal uso del dinero público, así como para los delitos de corrupción y fraude.

Otro asunto sobre el que se argumentan varias críticas es la lucha contra los accidentes de tráfico. Por un lado, la entidad supervisora critica la "onerosidad excesiva" del actual sistema de multas y sanciones. Además, y en este sentido, el defensor público lamenta que las administraciones demuestren muy poco interés en argumentar y publicitar los motivos con los que se rechazan los recursos de estas mismas multas.