En España apenas existen cifras oficiales que ayuden a medir la magnitud del problema. Lo más reseñable es que, según datos ofrecidos el pasado julio por la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, en 2011 casi dos de cada diez (18,8%) de las mujeres españolas con algún tipo de discapacidad sufrieron violencia de género, frente al 10% de las mujeres sin discapacidad.

Sin embargo, cuando el círculo se estrecha en busca estos datos en el colectivo de mujeres con discapacidad intelectual, las cifras brillan por su ausencia.

A veces las víctimas no son conscientes de los abusos porque no identifican que están en una situación de abuso de poderPilar Gomiz, investigadora del Grupo de Estudios de Tendencias Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, explica que "a día de hoy no existen estudios específicos sobre mujeres con discapacidad intelectual que hayan sufrido abusos y en algunos que se iniciaron en su momento —más generales sobre violencia hacia mujeres con cualquier discapacidad y que terminaron paralizándose— las cifras eran escandalosas".

Lo son, apunta Gomiz, porque hasta el momento existe una normalización de esta violencia. "El mayor problema que tiene una mujer con cualquier tipo de discapacidad es que es invisible a la sociedad, por eso se desconoce que viven situaciones de maltrato que atentan a diario contra su integridad. Aquellas cifras al hacer visible el problema resultaron sumamente impactantes y se bloqueó la investigación. Sin embargo son muy necesarias porque sin cifras no se puede poner una solución".

Por otra parte, "dentro de la discapacidad, la intelectual todavía es una variante de discriminación más. Socialmente existe ese estereotipo de que una mujer con un problema de visión o auditivo es menos discapacitada, en cambio la sociedad tiende a pensar que la mujer con una discapacidad intelectual es 'tontita' y la excluye. Esto hace al colectivo más vulnerable y con una exposición mayor a los malos tratos", dice Gomiz.

Las expertas consultadas coinciden en señalar que el agravante del problema es que las mujeres con discapacidad intelectual no denuncian casi nunca cuando están siendo víctimas de abusos o malos tratos. "Si se toma el número de denuncias, los datos ponen de manifiesto que casi no hay víctimas". Para Gisela Villaró, psicóloga y miembro de la Federación de Organizaciones en favor de personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) Madrid, esto es un ejemplo de cómo a veces la recogida de datos puede enmascarar o esconder realidades.

Múltiples motivos explican la ausencia de denuncias. Villaró expone que, en el caso de las mujeres con discapacidad intelectual, a veces la víctima no es consciente de que está siendo abusada y no denuncia porque ni siquiera identifica que se encuentra ante una situación de abuso de poder.  Otras veces, cuando la mujer sí es consciente, quizá la persona que perpetra el abuso es la misma que le dispensa el apoyo —habitualmente personas del entorno: familia, pareja, amigos, compañeros de trabajo, etc—.

Gomiz matiza que a la discapacidad, concretamente a la intelectual, además, se le pueden añadir otros factores discriminatorios como la edad, la maternidad o la dependencia económica. "La mujer sin solvencia, por ejemplo, depende siempre de otra persona que puede causarle maltrato y dejarla indefensa, sin cuidados básicos ni un techo donde dormir. Es cuando el abuso se convierte en un círculo vicioso".

Muchas mujeres temen no ser creídas si denuncian el abuso. "El miedo a que la policía no las tome en serio porque no crea sus declaraciones, o a que la gente se ría de ellas, que las consideren tontas o locas, ese cliché absurdo que las cataloga como personas promiscuas o asexuadas y que hace que a veces hasta se les nieguen los derechos reproductivos, todo eso les frena a poner la denuncia aún cuando son conscientes del maltrato".

Además, a la hora de acudir a la justicia, las mujeres con discapacidad intelectual se enfrentan a las mismas barreras que cualquier mujer, pero a esto se le añade su condición de personas con una discapacidad, y en particular, una discapacidad intelectual.

Según explica la investigadora de la UNED Pilar Gomiz, estos factores de discriminación social, no se suman el uno al otro, sino que se multiplican exponencialmente.

Gomiz va más allá y habla incluso de "violencia institucional" como desamparo añadido. Los procesos judiciales, detalla, "no tienen las preguntas adaptadas a las capacidades de todos los ciudadanos" lo cual hace que el sistema les niegue el derecho a tener un juicio como el de cualquier otra mujer en su misma situación.

"Por eso, cuando finalmente reúnen el valor de dar el paso y denunciar el maltrato muchas veces ellas ya saben que, judicialmente, parten en una situación de desventaja. Al final, si cinco de ellas se deciden a poner la denuncia, tres se echarán para atrás y dos se van a encontrar con estas barreras a mitad de camino. Es más, muchas cuando acuden ante un juez, salvo que sea un hecho muy obvio, no cuentan que tienen discapacidad".

Detectar el abuso 'invisible' —aquel que se 'normaliza' porque forma parte de lo cotidiano— es complejo, dicen las expertas. Desde Adisli, una organización que pertenece a Feaps y cuya meta es promover la autonomía de las personas con discapacidad intelectual e inteligencia límite, trabajan desde la prevención: enseñarles cuáles son sus derechos para que pueden reivindicarlos, identificar qué situaciones no son normales, que puedan reconocerlas, separarse del conflicto y buscar ayuda. Dar las habilidades y las estrategias para que puedan defenderse.

"Sus propias dificultades les impiden leer las segundas intenciones, ese razonamiento abstracto de ver más allá les cuesta muchísimo. Ponerle nombre al maltrato es complejo, pero una forma de detectar el abuso es hacerlas reflexionar sobre la situación de violencia o conflicto: qué ha pasado y cómo se sienten. A veces, no saben definir bien qué es pero sí sienten que les genera malestar, y a partir de ahí se empieza a trabajar con ellas", explica Cristina López, psicóloga, pedagoga y sexóloga de Adisli.

No obstante, además del esfuerzo que hacen estas mujeres, Gisela Villaró recuerda que el resto de la sociedad también juega un papel importante en la inclusión de las personas con alguna minusvalía. Desde Feaps urgen también a este cambio de mirada como reto social y gubernamental.

Villaró sostiene que "no hay que crear recursos nuevos", sino que se puede utilizar la red pública de servicios a los ciudadanos existente, siempre "que sus profesionales tengan información y formación para saber cómo tratar a las personas con discapacidad", y además "deben generarse dispositivos específicos que garanticen que se está dispensando una buena atención".

Es una cuestión de respeto. Pero parece claro que es el entorno el que debe hacer el ajuste, ser más flexible y caer en la cuenta de la situación y luego ajustarse a las necesidades de todos los individuos.  "El sistema debe adaptarse a la persona, no las personas al sistema".