El Ministro delegado de Comercio rumano, Iuliu Winkler, ha asegurado que los gobiernos que adopten medidas contra la entrada de trabajadores rumanos en sus países tendrán que renunciar a ellas, no tanto porque sean ilegales -que no lo son-, como por su falta de justificación.

Según Winkler, "no está justificado el temor de que el mercado laboral se llene de trabajadores rumanos".

Recordemos que el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha anunciado -en los Desayunos de Europa Press- que España impondrá una moratoria de dos años a la libre circulación de trabajadores de Rumanía y Bulgaria, próximos países miembros de la UE en 2007.

Moratinos ha recordado que esta es la misma medida que se adoptó en 2004 con la entrada de diez países en la Unión, así como que "miles de trabajadores de esta nacionalidad ya trabajan de manera legal en nuestro país".

El Gobierno llevaba tiempo estudiando la posibilidad de implantar medidas limitadoras a la libre circulación de trabajadores de Rumanía y Bulgaria, una vez que estos países entren en la Unión Europea como miembros de pleno derecho el próximo 1 de enero.

Restricciones en Gran Bretaña

No obstante, no se barajaba la dureza adoptada por otros estados miembros, como Reino Unido.

Recordemos que, la pasada semana, el ministro de Interior británico, John Reid, anunció que los derechos de trabajo de ciudadanos rumanos y búlgaros quedarán reducidos y, en el campo del empleo no cualificado, sólo podrán trabajar en la agricultura y en la industria alimentaria.

Con esta medida, el Gobierno de Tony Blair quiere evitar una entrada en masa de inmigrantes tal y como sucedió con los ocho estados ex comunistas que ingresaron en la Unión Europea en 2004.

Miles de irregulares

Miles de inmigrantes de ambos países se encuentran en España de forma irregular, y los sindicatos han advertido de las consecuencias que para el mercado laboral puede representar su legalización automática a principios del próximo año.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, se refirió el pasado viernes a la petición de medidas transitorias limitadoras a la libre circulación de trabajadores rumanos y búlgaros demandadas por CC.OO y UGT.

Además, De la Vega admitió que el Gobierno está "trabajando en esa tema, aunque todavía no ha habido una decisión final".

De la Vega explicó que los sindicatos han expresado una opinión al respecto, la patronal otra, y es preciso poner encima de la mesa todas las circunstancias de este asunto.