El Gobierno recurre ante el Constitucional el euro por receta por no ser "equitativo"

  • El euro por receta "vulnera la normativa estatal sobre sanidad y establece un sistema no equitativo", ha asegurado Soraya Sáenz de Santamaría.
  • La Comunidad de Madrid debe ser "plenamente consciente" de que el Ejecutivo procederá de la misma forma si llegan a implantar este sistema.
  • El Gobierno "fomentará el diálogo" para acometer las reformas de la Justicia.
  • Cataluña pretende mantener el euro por receta pese al recurso del Gobierno.

El Gobierno ha acordado este viernes recurrir ante el Tribunal Constitucional el cobro de un euro por receta médica que se aplica en Cataluña desde el pasado mes de junio, al considerar que vulnera la igualdad de los españoles.

El Consejo de Ministros ha decidido recurrir los artículos 16 y 41 de la Ley de Medidas Fiscales, Financieras y Administrativas de Cataluña, para impugnar dos tasas, una judicial por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de justicia, y otra sanitaria, conocida como el euro por receta.

El Gobierno también recurrirá las tasas judiciales impuestas por la Generalitat Según ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo considera que el euro por receta supone gravar dos veces una misma circunstancia, la adquisición de medicamentos, en condiciones de no equidad.

En este sentido, ha recordado que el Parlamento aprobó una fórmula que permite discriminar en función de la renta las cantidades que se aportan a comprar medicamentos, el llamado copago farmacéutico. Por el contrario, el euro por receta es una figura de carácter lineal, que afecta más a los enfermos polimedicados, que tienen unas mayores necesidades.

El Gobierno considera que la decisión de Cataluña "vulnera la normativa estatal prevista para garantizar las bases de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos y además establece un sistema no equitativo". Sáenz de Santamaría ha recordado que el Consejo de Estado emitió un informe que establecía que el euro por receta es un supuesto regulado por una ley estatal.

Según ese informe, las comunidades autónomas no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de los precios de productos sanitarios porque vulneran la Constitución. La Carta Magna garantiza al legislador popular una unidad mínima en las condiciones de acceso a los productos farmacéuticos, con independencia de donde se resida, para evitar desigualdades.

Sin embargo, el conseller catalán de Salud, Boi Ruiz, ha apostado este viernes por la continuidad del euro por receta como "valor sanitario" pese al recurso del Ejecutivo.

La Comunidad de Madrid debe ser "plenamente consciente" de que el Ejecutivo procederá de la misma formaEsa desigualdad, según la vicepresidenta, se produce al obligar a los ciudadanos de Cataluña a adquirir medicamentos con un desembolso mayor que en otras comunidades. Preguntada sobre si el Gobierno va a actuar de igual forma en el caso de que la Comunidad de Madrid aplique la misma medida a partir de enero, como tiene previsto, la vicepresidenta ha dicho que esta región debe ser "plenamente consciente" de que el Ejecutivo procederá de la misma forma.

No obstante, ha revelado que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, se ha puesto en contacto con el presidente regional de Madrid, Ignacio González, y confía en llegar a un entendimiento "acorde con la Constitución".

Después de las negociaciones mantenidas en la mesa de diálogo entre la Administración Central y la Generalitat de Cataluña que prevé la normativa reguladora del TC, no ha sido posible llegar a un acuerdo en lo que se refiere al euro por receta y las tasas judiciales.

Sí ha habido un acuerdo, ya formalizado, en la gestión del patrimonio cultural sobre bienes culturales de interés nacional, sobre bienes muebles o catalogados y otros del patrimonio cultural catalán para que se contemple el respeto a los derechos que puede tener el Estado en las adquisiciones preferentes.

Negociación sobre las tasas judiciales

Además, Soraya Sáenz de Santamaría ha afirmado que el Gobierno "buscará y fomentará el diálogo" para acometer las reformas de la Justicia.

"El ministro de Justicia está hablando y seguirá hablando con todos los sectores afectados porque son muchas las reformas que hay que hacer en el ámbito de la Justicia y son reformas en las que desde luego buscaremos y fomentaremos ese diálogo", ha dicho en la rueda.

El que no paga sus impuestos "engaña y defrauda al conjunto de la ciudadanía"Sobre las tasas judiciales, ha explicado que el Ministerio de Hacienda está desde el primer momento trabajando en el diseño de los formularios que permitirán "no que exista la tasa, sino que pueda efectuarse el pago de la manera en que sea fácil para los usuarios". En este sentido, Sáenz de Santamaría ha anunciado que esta tarde Hacienda dará información de los cálculos que baraja para la puesta en circulación de estos formularios.

Sobre  la posibilidad de publicar un registro de los mayores morosos y defraudadores al fisco, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el que no paga sus impuestos "engaña y defrauda al conjunto de la ciudadanía", una de las cuestiones que ha llevado a Hacienda a estudiar la posibilidad de publicar un registro de los mayores morosos y defraudadores al fisco.  

"Hacienda somos todos", ha dicho la portavoz, que ha recordado la importancia de luchar contra el fraude porque el que no paga obliga a otros ciudadanos a pagar más o a recibir menos servicios públicos.

Acuerdos en materia de Educación

El Gobierno también ha aprobado este viernes conceder un total de 152 millones de euros a las comunidades autónomas para diversos programas educativos, uno de los cuales, de 40.800.000 euros, irá dirigido al desarrollo del plan de disminución del abandono escolar temprano. Así lo ha anunciado Sáenz de Santamaría, que ha explicado que con ello se formalizan los acuerdos de distribución de los créditos 2012 aprobados por la Conferencia Sectorial para su aplicación en 2013.

Se ofrecen 11.300.000 euros al Programa de mejora del aprendizaje de lenguas extranjerasOtro de los acuerdos confiere 60 millones de euros al plan PROA de refuerzo escolar en colegios e institutos, que está vigente desde 2005 y que abarca a 3.500 centros docentes de primaria y secundaria que atienden a niños con especiales desventajas socioeducativas. Además, el Gobierno distribuirá 32 millones de euros al programa de financiación de libros de texto y material didáctico en los niveles obligatorios de la enseñanza.

Se establecen, además, mecanismos de cooperación entre el Ministerio y las comunidades para colaborar con las familias a la hora de adquirir libros y material informático destinado a esos niveles. Por último, se ofrecen 11.300.000 euros al Programa de mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras.

La vicepresidenta ha señalado que el total de 152 millones de euros se aportan a las autonomías para "mejorar la tarea de la educación, luchar contra el abandono escolar y garantizar la igualdad de oportunidades en materia escolar para los alumnos mas desfavorecidos".

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