"Angustioso". "Inadmisible". "Una absoluta imprudencia". Así describen los abogados de las víctimas del Madrid Arena la situación del pabellón multiusos.

Los letrados visitaron este miércoles el recinto acompañados de una comisión judicial y de la Policía Nacional para conocer de primera mano las instalaciones, estudiar la colcación de las cámaras de vigilancia y comprobar cómo era el montaje de la fiesta que se celebró el pasado 1 de noviembre.

Tras recorrer sus pasillos, incluido aquel en el que se produjo la avalancha humana que quitó la vida a cinco adolescentes, la conclusión de todos ellos es que el Madrid Arena no estaba preparado para acoger a 10.000 personas —el aforo permitido por el Ayuntamiento para la Thriller Music Park— y que el espacio no reunía las condiciones mínimas de seguridad.

"No hay quien se crea que el Madrid Arena tenga licencia para 10.000 personas", declaró tras la inspección Abdón Núñez, abogado de la familia de Belén Langdon, en palabras recogidas por la agencia Efe. Para el letrado, los pasillos de tránsito y salida de la pista —en uno de los cuales se produjeron las muertes— son "auténticos túneles" donde "te das con la cabeza al entrar".

Virginia López Negrete, representante del colectivo Manos Limpias que ejerce la acusación popular, en el proceso, precisó que el vomitorio donde murieron tres de las chicas tiene nueve metros de largo y tres de ancho y los techos son bajos, con lo que "el día de los hechos debía ser angustioso moverse por allí".

"Esto clama al cielo. Esto es inadmisible, intolerable, una vergüenza. No tiene nombre. Hay aclarar tantas irregularidades y fijar responsabilidades en personas concretas que esto no ha hecho más que empezar", insistió Núñez poniendo en relación el aforo autorizado por el Ayuntamiento con el número de efectivos de seguridad dispuestos para la fiesta: 18 policías municipales (12 al inicio de la noche) y ninguna ambulancia del Samur.

Núñez anunció que solicitará el acuerdo municipal que autorizó la macrofiesta para saber quién lo rubricó con el objetivo de llevar al responsable "al banquillo".

Gerardo Viada, abogado de la familia de Katia Esteban, apoyó la petición. "El Ayuntamiento no puede dar permiso para que se celebre una fiesta en la pista central, donde podía haber 15.000 personas, con tan sólo tres salidas" porque eso es "una absoluta imprudencia".

"Lo asombroso es que no hubiera mayor desgracia de la que hubo", alertó Viada tras precisar que, en la pista central, tres vomitorios estaban ocupados por el escenario, otro por el camerino y dos puertas estaban cerradas, de forma que sólo quedaban tres salidas de dos metros de ancho cada una.

Las irregularidades, detectadas por los abogados alcanzan a los medios puestos a disposición del servicio médico contratado por Diviertt, la organizadora de la fiesta. Estos profesionales, apuntó Felipe Moreno, representante de los allegados de Rocío Oña, estaban instalados en una "enfermería pequeña" que también pudieron visitar este miércoles. La actuación del médico, el exconcejal del PP Simón Viñals, ha sido puesta en cuestión por los profesionales del Samur.

La visita al Madrid Arena servirá a los abogados para preparar los interrogatorios de los imputados, que se reanudarán en el mes de enero.

A fin de agilizar la investigación, el juez del caso, Eduardo López Palop, ha reclamado a Tribunal Superior de Justicia de Madrid la asignación de un juez auxiliar que aún no le ha sido concedido. Este miércoles, los letrados reclamaron al Ministerio de Justicia, que dirige el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón, la aceleración de los trámites. "Estamos hablando de cinco niñas fallecidas y no se le está dando a esto la importancia que tiene", declaró Abdón Núñez.