El juez que instruye el caso Madrid Arena ha comunicado a las partes que habrá nuevas imputaciones en el caso, ya que hará pasar por su juzgado, el de Instrucción número 51, a todos aquellos que tengan algo que ver con el caso.

"Las imputaciones no van a quedar ahí. Ni una sola persona se librará de declarar", explicaron este martes Gerardo Viada, abogado de la familia de Katia Esteban, Abdón Núñez, que representa a la de Belén Langdon, y Felipe Moreno, defensor de los intereses de los parientes de Rocío Oña. Todos ellos se reunieron con el juez para tratar diversos aspectos del caso.

Entre las personas que los letrados quieren interrogar están el médico contratado por la organizadora de la fiesta —el exconcejal del PP Simón Viñals— y el hijo de este —funcionario municipal y que asistió a su padre aquella noche—. Ambos se vieron desbordados por los hechos y el Samur duda de su actuación.

Además, no se descarta pedir la imputación de los concejales municipales de Seguridad —Antonio de Guindos— y Urbanismo —Paz González—.

López Palop imputó en primera instancia al empresario organizador de la fiesta en la que se produjo la avalancha humana que mató a cinco adolescentes, Miguel Ángel Flores; al exconcejal del PP que tenía el Madrid Arena bajo su responsabilidad, Pedro Calvo; y a los representantes de las empresas Seguriber y Kontrol 34, encargadas de la seguridad y el control de accesos aquella noche, respectivamente.

En una segunda ronda, llamó al hermano de Flores, José María, como administrador único de la empresa Diviertt, promotora del evento. También citó a Jorge Rodrigo, exgerente de Madrid Espacios y Congresos (Madridec), empresa municipal que gestiona el pabellón multiusos.

Junto a ellos, deben personarse en el juzgado el director de seguridad de Madridec, Rafael Pastor, y al responsable de seguridad, Francisco del Amo. Ambos estuvieron en el Madrid Arena la noche de los hechos. Las imputaciones terminan, por el momento, con el coordinador de seguridad de Madridec, José Rodríguez Camaño, y el coordinador jefe de Equipo Exterior de Seguriber, Raúl Monteverde, además de José París Nalda, coordinador general de Seguridad de la empresa de vigilantes.

Miguel Ángel Flores tendrá que pasar por el juzgado por segunda vez para aclarar porque dijo haber vendido solo 9.650 entradas cuando el recuento de tiques de la noche de los hechos arrojó que habían entrado, al menos, 16.000 personas, un 58% más del aforo autorizado.

El juez Palop ha señalado los días 15, 16, 21, 22 y 23 de enero como fechas para tomar declaración a todos ellos. Este miércoles, 12 de diciembre, los abogados de las partes visitarán el Madrid Arena para conocer con exactitud la zona donde se produjeron las avalanchas y poder preparar esos interrogatorios.

Mientras, esperará la llegada del juez de refuerzo que ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia (TSJM), a fin de que la instrucción del proceso no se demore en el tiempo. La Sala de Gobierno del TSJM aún no ha contestado a esta petición.

Por otra parte, los abogados de las víctimas han reprochado públicamente que Miguel Ángel Flores siga intentado organizar una fiesta de Nochevieja (La Cubierta de Leganés se ha negado a albergarla tras la clausura judicial de Madrid Arena) sin que las Administraciones se lo impidan.

La Comunidad de Madrid va a enviar un oficio de requerimiento a los promotores para conocer todos los detalles, pero alega que no puede actuar más allá. El Sindicato Unificado de Policía asegura que la apertura de un expediente y la imposición de medidas cautelares a raíz de lo ocurrido en el Madrid Arena y en base a la Ley de Espectáculos Públicos de la región lograría paralizar el evento.