La vicepresidenta del Tribunal Constitucional Supremo egipcio, Tahani el Gebali, dijo este jueves que la decisión de Mohamed Morsi de blindar sus plenos poderes ejecutivos y legislativos, al ordenar que todas sus decisiones sean definitivas e inapelables ante la justicia, "le convierte en un presidente ilegítimo".

"Esto supone una salida de la legitimidad constitucional que el actual presidente se comprometió a respetar y que juró ante el Tribunal Constitucional. Con esta decisión, se ha convertido en un presidente ilegítimo", dijo El Gebali, después de que Morsi haya ordenado que sus decisiones sean "inapelables" ante la Justicia.

El presidente de Egipto, ha ordenado este jueves que todas sus decisiones sean definitivas e inapelables ante la justicia hasta la entrada en vigor de una nueva Constitución, lo que supone un duro golpe a la separación de poderes en el Egipto posrevolucionario.

"Las declaraciones constitucionales, las leyes y las resoluciones adoptadas por el presidente, desde que asumió el 30 de junio hasta que entre en vigor la Constitución y se elija al nuevo Parlamento, son definitivas e inapelables por cualquier método o ante cualquier órgano", reza el anuncio, que parece destinado a acabar con la incómoda oposición mostrada hasta ahora por la cúpula del Poder Judicial.

De igual forma, según el texto, no se permitirá que sus decisiones sean "suspendidas o canceladas". Además de garantizarse su inmunidad, Morsi hizo lo mismo con la Asamblea Constituyente y la Cámara Alta del Parlamento o "Shura", al disponer que no se permita a ninguna instancia judicial disolver cualquiera de las dos, controladas por las fuerzas islamistas.

El presidente ya goza de plenos poderes tanto en el ejecutivo como en el legislativo, después de haber asumido la labor del Parlamento tras la disolución judicial de la Cámara Baja solo dos días antes de su elección.

El Tribunal Constitucional tenía previsto pronunciarse próximamente sobre la validez de la actual Asamblea Constituyente, cuya composición ha sido recurrida por decenas de demandas.

Con su resolución, Morsi se quita de en medio también a uno de sus rivales en el estamento judicial, el fiscal general del país, Abdelmeguid Mahmud, y somete la designación de este cargo, que hasta ahora correspondía a los propios jueces, a la institución presidencial.

El nuevo fiscal general será el magistrado Talaat Ibrahim Mustafa, de 54 años, gracias a una nueva ley, que fija, con carácter retroactivo, en cuatro años el tiempo máximo para desempeñar este cargo.

El conflicto entre Mursi y la magistratura se remonta hasta casi el momento de su elección como presidente. En una de sus primeras decisiones, el pasado julio, el mandatario ya revocó la disolución de la Cámara Baja, para tener que rectificar solo tres días después, tras recibir la negativa del Constitucional.

También tuvo que dar marcha atrás en octubre, cuando cesó al fiscal general y 48 horas después se vio obligado a retractarse.