El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, y al actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, tendrán que acudir a declarar como testigos a la Audiencia Nacional en el marco de la investigación sobre la fusión que dio lugar a la entidad y su posterior salida a Bolsa.

Lo habían solicitado 12 pequeños accionistas que pertenecen a la asociación de consumidores ADICAE y el juez Fernando Andreu ha aceptado, según consta en un auto, aunque todavía no se ha especificado una fecha concreta.

El juez ha pedido al Banco de España que especifique en un informe si Bankia y sus cajas integrantes dispusieron entre 2007 y 2012 de depósitos y otros pasivos suficientes para hacer frente a los créditos contraídos por terceros. Y también que remita el informe de 2003 donde se recogía la sobrevaloración de inmuebles de los bancos y cajas españolas.

Las acusaciones también han pedido que declaren como testigos el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, y el socio de Deloitte que firmó las cuentas de Bankia, Francisco Celma.

Por otro lado, el juez ha exigido que se libre un oficio a la Agencia Tributaria para que remita las actuaciones de comprobación efectuadas entre 2007 y 2012 a BFA, Bankia y sus cajas integrantes (Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja) con el fin de ver los expedientes abiertos y las incidencias detectadas.

Entre la diversa documentación solicitada también figura la petición de que las cajas que formaron Bankia remitan toda la información sobre la concesión de créditos al sector de la construcción y promoción inmobiliaria y detallen las estrategias de financiación, según lo exigido por el Banco de España en noviembre de 2010.

También tendrán que informar de la "valoración de inmuebles, muebles, terrenos y provisiones realizadas sobre estos activos", así como los "activos empleados como garantía en las operaciones de préstamo y crédito, en especial las inmobiliarias". La Audiencia Nacional también investigará las razones de que Bankia fuera incluida en el principal selectivo de la bolsa española, el Ibex 35.

Por ello, ha pedido al Comité Asesor Técnico del Ibex 35 que remita el expediente completo sobre la introducción de Bankia en el indicador, detallando "los parámetros tenidos en cuenta para acreditar la liquidez necesaria para su inclusión, y posterior mantenimiento dentro de dicho índice, tras las oportunas revisiones ordinarias o, en su caso, extraordinarias".

La Audiencia Nacional empezó a investigar el caso Bankia el pasado 4 de julio al admitir a trámite la querella presentada por UPyD, que sostiene que, con la salida a Bolsa, los administradores cometieron delitos de estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsificación de cuentas y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Como buena parte de la investigación se centra en la salida a Bolsa, que tuvo lugar el 20 de julio de 2011, se ha requerido a JP Morgan para que remita el detalle de las operaciones de colocación de acciones y de su posterior estabilización. También tendrá que dar a conocer los emolumentos y honorarios profesionales que cobró el banco de inversión por la labor de colocación de Bankia en Bolsa.