Los inmigrantes irregulares pueden suscribir convenios para recibir asistencia sanitaria, con una contraprestación económica de entre 710,40 euros y 1.864,80 euros anuales en función de si son mayores o menores de 65 años, pero estas no cubrirán los medicamentos.

Así lo ha indicado el responsable de Sanidad del PP y consejero de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, tras finalizar el Consejo Interterritorial de Salud, en el que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas han acordado los requisitos básicos de esas pólizas.

Además de los 'sin papeles', a los que se retiró la tarjeta sanitaria el pasado 1 de septiembre, pueden suscribirlos los españoles que nunca hayan trabajado y que tengan ingresos superiores a 100.000 euros (rentistas) y los europeos que voluntariamente quieran.

Con ello, según explicó antes de comenzar el Consejo la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, se pone fin al llamado "turismo sanitario".

Los titulares de las pólizas podrán acceder a la cartera básica de servicios por el periodo de tiempo determinado en las mismas.

Los responsables del Gobierno han presentado a los consejeros autonómicos los presupuestos del Ministerio para 2013, unas cuentas "austeras", pero, en opinión de Farjas, "comprometidas con las personas y las políticas sociales".

El Consejo ha designado seis vocales, en representación de las comunidades autónomas, en el Comité de Bioética, lo que ha sido criticado por la consejera de Salud andaluza, María Jesús Montero, quien ha calificado de "conservadora" y "acorde con la ideología del Gobierno" la nueva composición de este órgano.

Se ha acordado, asimismo, el sistema de identificación clínica de los casos especiales a los que se garantiza la asistencia sanitaria pública, como las víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o los solicitantes de asilo.

Los responsables del Ministerio y de las CCAA han estudiado también el informe sanitario sobre violencia de género correspondiente a 2010. Según ha informado Sanidad, se trata de una iniciativa relevante, pues los profesionales sanitarios son, en muchas ocasiones, el primer punto de contacto con las mujeres que sufren este tipo de violencia, por lo que constituyen "una herramienta privilegiada" para la detección precoz y la prevención de estos casos.