Los incendios forestales que han afectado al país en los últimos meses convierten a 2012 en el año más devastador en cuanto al número de hectáreas arrasadas por las llamas: al menos 165.000 hectáreas han sido calcinadas.

La cifra sale de la suma de los últimos datos oficiales facilitados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 153.159 hectáreas quemadas hasta el 26 de agosto, y los incendios que se han producido tras esa fecha.

Entre los últimos incendios se encuentran el fuego de la semana pasada en Robledo de Chavela (Madrid), donde el Ayuntamiento estima que han ardido 1.200 hectáreas; el de Talamantes (Zaragoza) con 3.500 hectáreas calcinadas; el de Málaga, con unas 7.175 hectáreas quemadas, y el que sigue activo en Real de San Vicente (Toledo), el tercero que se declara en esta zona en este verano.

Se trata de todo un desastre natural si tenemos en cuenta que supone más del triple de terreno quemado que en 2011 (47.181 hectáreas ardieron el año pasado) y la mayor superficie calcinada de la última década.

Por si fuera poco, importantes espacios protegidos del país, como el Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera, o Cabañero, en Ciudad Real, y los parques naturales del Alto Tajo, en Gualadajara, y Fragas do Eume, en A Coruña, se han visto gravemente afectados.

"Hacía mucho tiempo que el fuego no golpeaba tan duramente los parques protegidos. Hay que esperar a las investigaciones para poder saber qué ha pasado. Se habla de que podrían haber sido provocados, pero no hay que olvidar que detrás de la mayoría de incendios se encuentran algunas prácticas agrícolas, descuidos e intereses económicos", explicaron a 20 minutos desde Ecologistas en Acción.

A falta de conocer el resultado de las investigaciones, un gran número de los incendios de este verano podrían haber sido intencionados, según han denunciado algunas comunidades autónomas afectadas por las llamas. El de Robledo y Valdemaqueda en Madrid ya ha sido confirmado, y tres personas fueron detenidas acusadas de provocar intencionadamente los incendios de Cortes de Pallás y Andilla en Valencia.

Entre el 4 y el 18 de agosto, el incendio de La Gomera, que obligó a evacuar a la cuarta parte de la población, devastó unas 4.100 hectáreas —el 11% de la superficie de la isla—, 900 de ellas dentro del Parque Nacional de Garajonay, donde ardieron zonas de bosque húmedo que no se quemaban desde hacía más de un siglo.

El verano de 2012 comenzó con los dos incendios más graves que han tenido lugar en España en lo que va de año: el de Cortes de Pallás y Andilla, ambas localidades valencianas en las que ardieron alrededor de 50.000 hectáreas entre el 28 de junio y el 17 de julio.

Especialmente trágicos fueron también los siniestros declarados el 22 de julio en el Alt Empordà y La Jonquera (Girona), que calcinaron cerca de 14.000 hectáreas y se cobraron la vida de cuatro personas, todas de nacionalidad francesa.

El último gran incendio fue declarado el pasado jueves en Málaga, y ha sido controlado a las 18.30 horas de este domingo, después de haber afectado a 7.175 hectáreas de terreno forestal, según la medición del plan Infoca, que supera las primeras estimaciones que situaban la superficie en unas 5.000 hectáreas.

Parte de la superficie afectada por este incendio es Reserva Mundial de la Biosfera de la UNESCO, aunque todavía se desconoce la superficie exacta.

Los incendios de este año han puesto sobre la mesa una polémica que ya venían advirtiendo sindicatos y brigadistas desde que la tijera llegó a la lucha contra los incendios.

Recortes a lo largo y ancho de España que han dejado tiritando los presupuestos destinados a prevención y extinción, todo ello aderezado con el cruce de acusaciones entre Gobierno central y comunidades autónomas de distinto signo político (PP, PSOE, CiU y Coalición Canaria) culpándose mutuamente de la falta de recursos.

El reciente incendio de Robledo de Chavela y Valdemaqueda, en Madrid, ya puso de manifiesto estas carencias. Los sindicatos CC OO y CSIT denunciaron hace unos días que ya advirtieron de que la falta de personal que hay en el cuerpo de bomberos de la comunidad quedaría al descubierto ante un gran incendio.

Finalmente ocurrió, y por ello, CC OO se ha querellado contra el director general de Protección Ciudadana de la comunidad, José Antonio Pérez Sánchez, por un supuesto delito de prevaricación.

Por su parte, uno de los técnicos de operaciones del Plan INFOCA, que es el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía, denunció a 20 minutos el «recorte en los puestos de vigilancia» y un «intento por parte de la Consejería de Medio Ambiente de ocultar su repercusión real».