Cada día se producen en España una media de 159 desahucios de vivienda por el impago de la hipoteca o el alquiler, y hasta el 82% de estos desalojos tienen lugar en familias con menores a su cargo, que, en la mayoría de los casos, carecen de otra alternativa de residencia.

Estas cifras han sido facilitadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que, ante la insuficiencia de datos oficiales, ha creado su propia base con más de 6.000 encuestas a personas afectadas de todo el Estado que, en algún momento, han estado en contacto con la Plataforma.

Sin embargo, la mayoría de los desahucios no quedan recogidos en las estadísticas ya que "la vergüenza" que sienten las familias, sobre todo cuando tienen hijos pequeños, hace que se "autodesalojen" para no pasar "por la violencia de una intervención policial".

Así lo ha expresado el asesor jurídico de la Plataforma, Rafael Mayoral, quien ha subrayado la paradoja que se da en España donde, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 5,6 millones de viviendas vacías, el 20% del parque inmobiliario.

La nacionalidad de las personas afectadas rompe el tópico según el cual las ejecuciones hipotecarias serían básicamente un problema de personas inmigrantes.

Español, en paro, con hijos a su cargo y una hipoteca media entre 100.000 y 200.000 euros es el perfil del desahuciado que prácticamente se repite en las 17 comunidades autónomas, según recogen los fundadores de la PAH, Ada Colau y Adria Alemany, en el libro "Vidas hipotecadas", que se publicará a finales de junio en castellano, tras una edición en catalán.

En 2011, la Comunidad Valenciana registró el 23,5% del total nacional de desahucios por impago de hipotecas, con una media de casi 50 ejecuciones hipotecarias al día, tasa muy similar a la registrada en Madrid.

A estas autonomías se unen Cataluña, Andalucía y Murcia como las regiones con más ejecuciones hipotecarias. En Cataluña, con 7.000 órdenes de desahucio desde junio de 2011, casi 20 familias abandonan, de media, cada día su vivienda.

El recrudecimiento de la crisis ha impulsado en muchas comunidades la recogida de firmas a modo de Iniciativa Legislativa Popular (IPL) para reformar la ley hipotecaria, regular la dación en pago, paralizar los desahucios y fijar los alquileres sociales.

Navarra fue la primera comunidad en la que un banco aceptó la fórmula de la dación en pago para saldar una deuda si bien en esta comunidad la PAH asegura que "no existe ningún caso en el que un banco haya aceptado esta fórmula con todas las consecuencias".

En el País Vasco, el Gobierno creó a primeros de mayo un sistema de mediación para evitar desahucios, al que ya se ha adherido Kutxabank, la entidad surgida de la fusión de las tres cajas vascas, que se ha comprometido a no iniciar durante un mes ninguna reclamación judicial por impago, a la espera de que este servicio presente una propuesta ajustada a cada caso.

En septiembre de 2011, Cáritas Diocesana de Barcelona también puso en marcha un servicio de mediación que, hasta abril de 2012, había mediado en unos 800 casos.

La dación en pago o el alquiler social son las alternativas barajadas por la Plataforma, que solicita que, una vez que se adjudica la vivienda al banco, se cancelen las deudas para que nadie quede con deudas perpetuas o se provea al afectado de un alquiler social, que nunca supere el 30% de la renta familiar.

En casi todas las autonomías se dan casos singulares de desahucios paralizados como, por ejemplo, en Baleares, en el barrio palmesano de Son Ferriol, donde con el apoyo de la PAH se logró detener el desalojo de una mujer con cuatro nietos a su cargo y una hija con discapacidad. La mujer envió una carta al juez pidiendo un aplazamiento de cuatro meses, que finalmente se consiguió.

Otro caso similar se dio en Gran Canaria, donde la Plataforma logró parar el desahucio de una mujer desempleada, madre de cuatro niñas y con un esposo enfermo; y en Asturias, Stop Desahucios, la plataforma creada a partir del 15-M, impidió el desalojo de un matrimonio ecuatoriano y su bebé.

En esta ocasión la plataforma formó múltiples barreras humanas en torno a la vivienda, en el barrio de la Ciudad de Naranco, en Oviedo, que, finalmente, lograron que la Policía renunciase a acometer el desalojo.

En Castilla y León, Stop Desahucios también ha ayudado a decenas de familias a posponer el abandono de sus casas y obtener moratorias del abono de sus hipotecas o la dación en pago.

En Galicia, donde las ejecuciones hipotecarias se han incrementado hasta un 186% en los últimos cuatro años, cada vez son más quienes recurren a las plataformas. En la localidad pontevedresa de Mos, la PAH logró parar un desahucio en tres ocasiones.

También en tres ocasiones la PAH paralizó el desahucio de un piso de Ciutat Meidiana, una de las zonas más deprimidas de Barcelona.

El asesor jurídico de la PAH, Rafael Mayoral, ha defendido que lo que está consiguiendo la Plataforma es "hacer visible" un conflicto y demostrar que los desalojos incumplen el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas, suscrito por España.

El 15 de junio se cumple el primer aniversario de un desahucio paralizado por la PAH en Madrid, en concreto en la calle Naranjo en el distrito de Tetuán. Este desalojo se convirtió en simbólico ya que la plataforma había sido creada a raíz del 15-M.

Sin embargo, el primer desahucio paralizado en España por la presión ciudadana tuvo lugar el 4 de noviembre de 2010 en La Bisbal de Penedés (Tarragona). Unas 40 personas impidieron entonces que Luis Martí y su hijo de 9 años fueran desalojados.

Una comisión judicial —formada por dos funcionarios y un representante del banco a quienes acompañaban dos dotaciones de los Mossos d' Esquadra— rehusó imponer el abandono de la casa tras una inesperada presión popular que, a partir de entonces, inició una línea ascendente y se convirtió en alternativa referente para muchos afectados.

Aunque los datos oficiales sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios son los del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), estos no son representativos ya que tratan por igual los desahucios de locales comerciales y viviendas y tampoco distingue entre vivienda habitual y segunda o tercera residencia.

Por su parte la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y la sociedad de tasaciones inmobiliarias TINSA han asegurado no disponer de datos sobre este asunto.