Los penados por delitos graves tendrán hasta 10 años más de privación de libertad

El Gobierno introducirá en el Código Penal una nueva medida, denominada "custodia de seguridad", aplicable a los delitos más graves —excluidos los de terrorismo— y mediante la cual el tribunal impondrá en la sentencia un plazo de privación de libertad más allá de la condena que podrá llegar a los diez años.

Además, el Gobierno únicamente introducirá la prisión permanente revisable para los delitos de máxima gravedad en el terrorismo y no la hará extensible a los delitos contra la libertad sexual.

Así lo ha anunciado este lunes el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tras mantener una reunión con Antonio Castillo, padre de la joven sevillana Marta del Castillo, asesinada en 2009 y cuyo cadáver aún no ha sido localizado.

Fuentes del Ministerio de Justicia han precisado que la "custodia de seguridad" supondrá la privación de libertad de las personas a las que les sea aplicada esta medida más allá de su condena —aunque puede ser en un régimen más atenuado y no necesariamente en prisión— y han añadido que podrá ser revisada en cualquier momento por el juez de Vigilancia Penitenciaria.

La nueva medida afectará a los delitos sexuales, los delitos graves en los que haya habido violencia o intimidación y el tráfico de drogas, y se podrá aplicar también a quienes cuenten con antecedentes por delitos graves o a quienes reincidan tras cumplir su condena.

Reunión con el padre de Marta del Castillo

Al término del encuentro, que ha durado alrededor de hora y media, Gallardón ha agradecido al padre de Marta su labor para "hacer de su dolor personal" una "medida preventiva" y de ayuda a la sociedad. Por su parte, este no ha ocultado que su "satisfacción" es únicamente "parcial" por la no inclusión de la prisión permanente revisable pero sí ha valorado que, al menos, las novedades del Gobierno permiten tener "algo judicial y legal para poder retener dentro (de la cárcel)" a los autores de estos delitos.

"El Rafita y el Boca tenían que salir ahora y con esta medida no saldrían", ha dicho en relación a otros de los delitos de violencia sexual con mayor repercusión Del Castillo que, no obstante, ha asegurado que se sentiría "del todo satisfecho si se llamaran las cosas por su nombre".

Documento de propuestas

Del Castillo ha entregado a Gallardón un documento en el que pide el cumplimiento del programa electoral y las promesas anunciadas en campaña porque "la sociedad no puede consentir más promesas incumplidas". El punto más destacado de ese texto era la pena de prisión permanente revisable a aquellos delitos "más graves y con mayor reproche social" de modo que "violar, torturar y asesinar a un niño tenga esa "máxima pena".

Otro de los puntos más destacados del texto y que el padre de Marta ha venido reclamando desde que ocurriera el caso de su hija es la Reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, concretamente, pide la rebaja de la edad penal para establecer medidas de reinserción, incremento de penas para delitos de asesinato la eliminación de la entrevista previa y el enjuiciamiento conjunto.

En el texto, reclama la clasificación de delitos de especial gravedad para exigir el cumplimiento íntegro de las penas y exige que se establezca el cumplimiento de las nueve décimas partes de la condena para acceder a beneficios penitenciarios, ser clasificado en tercer grado y obtener la libertad condicional en delitos de especial gravedad, homicidio y asesinato, violaciones y abusos sexuales cometidos contra menores.

En la misma línea, pide el establecimiento de medidas de seguridad postpenales (libertad vigilada a cumplir tras la salida de prisión, para aquellos que hubieran cometido un delito de especial gravedad, atención y seguimiento a psicópatas, asesinos y pederastas) y la aprobación de un estatuto o ley integral de víctimas que cuente con el consenso de las asociaciones de victimas, otra de las propuestas electorales del PP.

Por último, en ese documento que le fue entregado al ministro y que este se ha comprometido a estudiar, recoge que se tipifique el delito de destrucción de cadáver de modo que las desapariciones no sean una ventaja procesal y que se tipifique, asimismo, el descuartizamieto y la profanación del cadáver.

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