El Gobierno creará un censo de posibles casos de "niños robados" en España, que incluirá nombre, fecha y lugar de nacimiento, y una base de datos dependiente del Instituto Nacional de Toxicología que permita cotejar los perfiles genéticos de madres e hijos, que es una de las reivindicaciones más antiguas de las víctimas.

Éstas son dos de las principales medidas que ha anunciado este jueves el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para ayudar a resolver el "drama humano" y "terrible" que han sufrido estas familias.

"No vamos a desfallecer", ha añadido, Gallardón, que junto a los titulares de Interior y Sanidad y el fiscal general del Estado, se ha reunido con las asociaciones de afectados, justo el día en que sor María, primera imputada por el caso, ha acudido a los juzgados de Plaza de Castilla, donde se ha negado a declarar.

Además, España propondrá una enmienda a un reglamento que tramita la Unión Europea para facilitar el acceso a los archivos sanitarios y determinar la filiación natural. El Ministerio de Justicia facilitará también la obtención de datos del Registro Civil, como nacimientos y posibles fallecimientos de recién nacidos en los últimos 50 años, mientras que Sanidad recabará información de los centros sanitarios y pedirá la colaboración de los servicios autonómicos de salud.

Por su parte, las organizaciones de afectados les han pedido desvincular la búsqueda de familiares de la investigación judicial para que las denuncias, que se tramitan por la vía penal, no sean archivadas. Las asociaciones sostienen que las denuncias que presentan se tramitan por lo penal, una vía que obliga a buscar a los culpables, y si éstos no son identificados, el procedimiento se archiva y con él la búsqueda de los familiares que fueron robados.

Asimismo, solicitan que la Comisión de Justicia cree una "comisión interdepartamental" o "un grupo especializado de investigación" de ámbito nacional y que ofrezca cobertura internacional. En lo que respecta al fiscal general, piden que inste a las fiscalías provinciales a adoptar actuaciones de "uniformidad" con la base de detención ilegal, para que no se archiven las denuncias.

También reclaman que en las audiencias provinciales se implanten oficinas específicas de atención a las víctimas o bien en los órganos judiciales de competencia desde las comunidades autónomas.