"O afloramos ese dinero oculto y hacemos que tributen efectivamente las grandes empresas que tienen beneficios o la única alternativa era subir el Impuesto del Valor Añadido (IVA) a los ciudadanos que tienen menos renta", ha defendido con rotundidad el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en el pasado Consejo de ministros.

"La prioridad del Gobierno es que nos apretamos nosotros el cinturón y hacemos que paguen aquellos que no venían pagando y las grandes empresas en España que tienen beneficios", ha argumentado Alonso quien ha acusado al Partido Socialista de estar "en contra de la reducción del gasto de los ministerios y de que se pidan mayores esfuerzos fiscales".

Frente a las críticas de los socialistas, el portavoz popular ha repetido: "Nosotros le queremos decir que en la medida en que el Estado no sea capaz de apretarse el cinturón, la única alternativa es apretar más el cinturón a los españoles".

Para la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, la única alternativa a la amnistía fiscal habría sido también una subida del IVA. Fernández Currás ha justificado la medida aprobada por el Gobierno como una iniciativa "excepcional" que hay que aplicar aunque no le guste ya que no había "otra alternativa sin consecuencias económicas". Según la responsable de Presupuestos la subida del IVA, que si bien es una figura recaudatoria "potente", tiene "consecuencias malas porque sacrifica el consumo".

Fernández Currás añade que "hay que afrontar la realidad. Y esa realidad es que la economía española decrecerá al 1,7% este año. Claro que no nos gusta esta medida, pero hay un dinero que no está en el circuito legal y hay que traerlo".

La secretaria de Estado incide en que esta amnistía no es "gratis", ya que se va a hacer con un tipo del 10% (para personas físicas), "lo suficientemente atractivo para se produzca la regularización".

Sobre la eliminación de algunas deducciones a las empresas en el Impuesto de Sociedades, Fernández Currás señala que ahora les toca a las empresas contribuir a un esfuerzo que ya se ha aplicado a las personas físicas a través del IRPF, "que está suponiendo una carga fiscal importante para los contribuyentes".

"Lo que no se puede consentir es que la recaudación de este impuesto (Sociedades) baje, como ha pasado, de 44.000 millones a sólo 16.000", dice la secretaria de Estado, que añade que "no nos sirve de nada tener un gravamen del 30% si al final solo se paga el 3%, como es el caso de alguna empresa".