El poblado de El Gallinero, en Vallecas Villa, sufre inundaciones cuando llueve y plagas de ratas cuando el calor aprieta. Sus habitantes son los más pobres de la Cañada Real y los que sufren mayor riesgo de exclusión social. Sin embargo, para ellos no hay ni plan de actuación especial ni moratoria contra los derribos, como solicitó hace una semana el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria.

Este lunes, los efectivos antidisturbios de la Policía Nacional que acudieron a la zona no encontraron chalés, naves industriales ni viviendas unifamiliares que tirar. En su lugar, las palas excavadoras redujeron a escombros hasta nueve chabolas levantadas a base de palés de madera y chapa.

Solo una de las familias afectadas, compuesta por dos adultos y tres menores de edad, aceptó ser realojada transitoriamente (7 días para posterior derivación del caso a los Servicios Sociales) por el Samur Social, según aseguraron a 20 minutos.es los portavoces del Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid. El resto prefirió quedarse con sus parientes, cuando no empezar a reconstruir inmediatamente sus viviendas.

La razón, según los voluntarios de la Parroquia San Carlos Borromeo de Entrevías, es que las órdenes judiciales dictadas por los juzgados 36 y 47 de Madrid a petición de la Junta de Compensación de Propietarios del futuro desarrollo urbanístico de Valdecarros se han tramitado sin ofrecer el procedimiento de audiencia a los afectados.

El poblado de El Gallinero, situado al borde de la carretera M-50 en el distrito de Vallecas pueblo, es un apéndice, el más pobre y con mayores situaciones de exclusión social, de la Cañada Real, a su vez el área marginal más grande del sur de Europa. Según los últimos datos oficiales divulgados, correspondientes a marzo de 2010, en él viven 90 familias que aglutinan a 404 personas. De ellas, 190 tienen menos de 15 años, pero casi 300 serían menores de edad. Casi todos son ciudadanos rumanos de etnia gitana.

Pese a que el poblado se encuentra a menos de dos kilómetros de distancia de la Cañada, y que la alcaldesa Ana Botella ha pedido que se considere parte de ella, la Comunidad de Madrid insiste en dejar a sus habitantes fuera del plan integral de actuación destinado a acabar con la ocupación de la vía pecuaria.

En su lugar, emplaza al Ayuntamiento a negociar un acuerdo independiente para tratar la situación. "Nadie se quedará sin atención", afirmó un portavoz de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.

Sin embargo, la actuación institucional ya va con retraso. Hasta febrero de 2010, Comunidad y Ayuntamiento no se pusieron de acuerdo para intervenir a través del Instituto de Realojo e Integración Social (IRIS), un organismo perteneciente al área de Vivienda, no de Asuntos Sociales. El convenio para hacerlo se firmó el 22 de diciembre de 2012, por lo que acaba de entrar en vigor.

La ayuda, confirman los voluntarios que se acercan al poblado, llega a cuentagotas y es "muy escasa". De todos los menores afectados, solo medio centenar están escolarizados en el centro Henry Durant, que gestiona la Cruz Roja, gracias a la intervención de la Comunidad.

Mientras tanto, las inundaciones, las plagas, la insalubridad se mantienen ya que, a diferencia de la Cañada Real, los habitantes no cuentan ni con caminos asfaltados ni con luz y agua corriente. En julio de 2010, y tras constatar que la situación se hacía insostenible, el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid procedió a limpiar y desratizar la zona. Los operarios municipales retiraron 1.700 toneladas de basura.

Además, El Gallinero es un importante foco de delincuencia. En noviembre de 2011, la Policía Nacional recuperó allí 7.000 kilos de cable de cobre robado.