La Cañada Real Galiana, al este de Madrid capital, dejó de estar catalogada como vía pecuaria protegida en 2011. Sobre el papel, era uno más de los caminos reservados al pastoreo trashumante en la Comunidad de Madrid. En pleno siglo XXI, sin embargo, constituye el mayor poblado chabolista del sur de Europa.

Hoy, por fin existen datos fiables sobre este asentamiento que, como una serpiente, arranca junto a la depuradora Sur de Getafe y atraviesa los términos municipales de Madrid y Rivas hasta llegar a Coslada. El corredor alcanza los 13 kilómetros de longitud y entre 50 y 100 metros de ancho, en paralelo al límite del Parque Regional del Sureste. Por el camino salva el vertedero de Valdemingómez, la autovía de Valencia, las vías del AVE a Levante, la R-3 y la M-45.

Según los censos oficiales realizados por los tres ayuntamientos y recopilados por 20minutos.es, en la Cañada Real Galiana o de Merinas viven 8.048 personas. De ellos, hasta un 36% son menores de edad y un 60% son españoles, aunque existe un crisol de nacionalidades que incluye portugueses, subsaharianos, sudamericanos e inmigrantes de Europa del Este. Los extranjeros más numerosos, casi un 40%, son ciudadanos magrebíes. Del total de habitantes, al menos 2.052 son de etnia gitana.

En sucesivas generaciones, y ante la pasividad de las Administraciones Públicas, los 'cañadienses' han logrado levantar 2.650 construcciones ilegales que van desde chabolas y cobertizos hasta auténticos chalets con piscina, naves industriales y edificios de varias plantas edificados anárquicamente. Muchos tienen graves problemas estructurales.

La mayor parte de este problema le corresponde a Madrid capital. Según su informe censal, elaborado con la colaboración de la Universidad Complutense, entre Getafe y la A-3 (Vallecas) y Los Ahijones y El Cañaveral (Vicálvaro) viven 5.004 personas que ocupan 1.825 edificios. En su término municipal, Rivas reconoce 1.114 habitantes y 308 inmuebles. Coslada da por buena la cifra de 1.930 vecinos y 517 construcciones.

Los censos incluyen distintos grados de profundidad. Así, el de la capital refleja que son 1.383 las viviendas ocupadas en su terreno. De ellas, 1.070 son casas bajas, 72 son pisos, 119 son chalés y 76 son chabolas. El 90% tienen agua caliente y casi el 100% cuentan con electricidad tomada ilegalmente de las conexiones de las compañías eléctricas. La mitad de los 'cañadienses' madrileños viven hacinados.

El censo de Rivas, en el que ha participado la asociación de integración y apoyo social Trama, contempla, también, la existencia de 12 chalets. Como en el caso de Madrid, algunos edificios corresponden a negocios distribuidos en dos naves industriales, una cerrajería, un taller de ebanistería y dos chatarrerías. En el caso de la capital, 83 locales dan trabajo a 209 personas. El 40% de estos negocios carecen de licencia y no pagan impuestos.

Coslada, el municipio que menos datos revela, calcula en 36 las naves e industrias levantadas sin permiso en sus terrenos.

La presencia de esta actividad económica supone, según los ayuntamientos, un grave problema añadido, ya que implica la normalización de una situación ilegal. Coslada, de hecho, admite que una parte importante de los edificios construidos sobre la Cañada ya están perfectamente integrados en el paisaje urbano de la ciudad.

En Madrid, casi un 30% paga el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) al Ayuntamiento, lo que sirve a los residentes para reclamar la legalización de sus viviendas. Rivas, sin embargo, alerta de que en los sectores 3, 4 y 5 de la Cañada hay personas que han vendido parcelas para la construcción de casas como si fueran de su propiedad. La capital también ha detectado este problema, ya que hay familias que creen haber comprado legalmente sus casas. También hay quien alquila casas o habitaciones.

A todo ello se une la existencia de focos de tráfico y venta de drogas y armas, robo de cobre y situaciones de marginalidad y exclusión social. La composición es tan heterogénea, reconocen las autoridades municipales, que hay, tanto habitantes perfectamente integrados, como clanes familiares completos dedicados a la delincuencia.

Los censos elaborados por los ayuntamientos son solo el primer paso para solucionar la situación de la Cañada Real.

En marzo de 2011, el Gobierno de Esperanza Aguirre aprobó unilateralmente una ley regional para establecer solución definitiva. Sin embargo, la Comunidad no se comprometía a realizar ningún tipo de inversión pese a ostentar las mayores competencias en materia de Educación, Sanidad o Servicios Sociales.

La normativa daba a los consistorios seis meses para elaborar un censo del que la Comunidad, casi un año después, ni si quiera tiene constancia oficial. Tampoco se ha constituido la mesa en la que el Ejecutivo y los Ayuntamientos se iban a sentar para alcanzar lo que se denominó el 'acuerdo social', o, lo que es lo mismo, qué iba a pasar con los ‘cañadienses’ y quién se iba a ocupar de ellos.

La situación de partida es de desacuerdo. Mientras Coslada (gobernado por el PP) tiene menos problemas con la integración, Madrid (PP) se niega a legalizar las edificaciones. Según un informe de Urbanismo de marzo de 2011, la presencia de infraestructuras de servicio (el vertedero de Valdemingómez, las conducciones del Canal de Isabel II, los tendidos eléctricos) y de transporte (AVE, M-45, M-50 y la proximidad con el aeropuerto de Barajas), además de la normativa medioambiental, lo hacen "imposible".

Para la capital, la única solución factible es legalizar 395 edificios en Vicálvaro (611 habitantes), ofrecer a Rivas parte de su terreno para que consolide de la misma forma otras 144 viviendas (591 personas) y realojar a unas 2.600 personas a largo plazo. El Ayuntamiento no se hace cargo del resto. Además, propone derribar todo lo que quede para hacer zonas verdes.

Rivas (IU), de inicio, no reconoce la representatividad de las asociaciones de vecinos de la Cañada con las que la semana pasada se reunió el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria. Tras este encuentro, Victoria propuso a los ayuntamientos que dejen de tirar las viviendas ilegales hasta que se llegue a un acuerdo. Ana Botella, alcaldesa de Madrid, replicó al consejero que todo derribo se hace con orden judicial.

Si no hay acuerdo antes de marzo de 2013, la Comunidad podrá enajenar, vender u operar con los terrenos a voluntad, cediéndoselos a los ayuntamientos. Eso dejaría a las corporaciones locales, según el concejal ripeño Fausto Fernández, con el problema en las manos "mientras Aguirre se desentiende de todo".