Los recortes emprendidos en la Comunidad de Madrid hasta el momento no son suficientes. Aunque Esperanza Aguirre asegura que su gobierno ha ahorrado más de 15.000 millones a los madrileños bajando los impuestos y 2.200 más mediante la reducción de consejerías, la bajada de sueldo a los altos cargos (ella incluida, un 16%) y la supresión de empresas públicas, la presidenta regional anuncia nuevos ajustes.

El aviso lo lanzó este miércoles durante una entrevista en la emisora Onda Cero y tras la reunión del comité de dirección del PP de Madrid: "La crisis ha hecho que nuestros ingresos bajen y no podemos bajar los gastos al mismo ritmo. Aunque los hemos bajado mucho". El descenso de recaudación por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y los actos jurídicos documentados, avanzó, cayó tanto a finales de 2011 que aseguró que su Gobierno está "angustiado".

En este contexto, Aguirre comenzó a desgranar toda una batería de posibles medidas y nuevos ajustes "para mantener los servicios esenciales".

En primer lugar, recordó que la Comunidad tiene el encargo de financiar toda la Sanidad, "que es gratuita y universal para los españoles y para los extranjeros que están aquí", así como la Educación, los Servicios Sociales y la subvención "muy fuerte" que tiene el transporte colectivo.

Su nuevo consejero del ramo, de hecho, ya tiene el encargo de reducir esta partida e intentar incrementar los ingresos de Metro mediante espacios publicitarios, locales o parkings. La subida de tarifas no está descartada, según fuentes del Ejecutivo.

La coyuntura obliga a tomar decisiones, afirmó a continuación la máxima responsable autonómica, alegando que el hecho de ser el único territorio que ha cumplido con el límite de déficit no basta. Por ello, las carreteras pueden ser otro punto donde recaudar: "A lo mejor los vecinos de Aluche que tienen más de 75 años no utilizan las carreteras, así que vamos a ver cómo se puede pagar por el mantenimiento de las carreteras por las personas que las utilicen".

El "gratis total", expresión utilizada por Aguirre para referirse a los servicios financiados con impuestos de los ciudadanos, debe quedar limitado, a juicio de la dirigente. "Todo aquello que no sea esencial lo vamos a suprimir y vamos a dejar el gratis total en la Educación en sus tramos gratuitos y en la Sanidad", anunció.

La Justicia gratuita, por ejemplo, es susceptible de ser recortada: "A mí me parece que no tiene por qué ser gratuita la Justicia. La gratuidad absoluta de la Justicia lo que hace es que se colapsen los juzgados y han sido los propios tribunales los que se han quejado. Pues habrá que hacer las reformas necesarias. Es que se han multiplicado por cinco ese gasto. Los que nos dijeron que nos iba a costar 50 millones de euros, pues nos cuesta 300 y pico".

Los impuestos no subirán. Esperanza Aguirre subrayó que su política es y será la de bajar los tributos. "Otra cosa son las tasas y precios públicos", profundizó. Así, partidas como las tasas universitarias o las tarifas por trámites de la Administración también podrían incrementarse.

Como alternativa a esta situación, de la que culpó al último Gobierno socialista, la presidenta defendió, por ejemplo, la privatización del 49% de la empresa pública de aguas de Madrid, el Canal de Isabel II. La crisis, garantizó, no va a ser obstáculo para atraer a los inversores, ya que es una empresa con "rentabilidad segura". "Todo el mundo consume agua", insistió, por lo que se trata de una empresa que ofrece en todo momento la garantía de "una rentabilidad muy alta".

Otra de sus ideas es encargar a entidades privadas o fondos de inversión la construcción del paralizado Campus de la Justicia (donde el Ejecutivo ya ha invertido 100 millones de euros) para que después la Comunidad pague un canon y lleve allí las instituciones judiciales como alquilada. La condición: que el Ejecutivo no desembolse más de los 33 millones de euros anuales que abona por los alquileres actuales.