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Donde dije digo digo Diego. Cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero sacó adelante su reforma laboral, el PP le echó en cara que hacía una "una reforma aislada, parcial y mal orientada", que era "la reforma del despido y no la del empleo", como dijo Soraya Sáenz de Santamaría.
Entonces, el PSOE se quedó solo en el Parlamento defendiendo su reforma (que incluía despidos más fáciles y baratos, entre otras modificaciones), y aunque las críticas le llovieron por todas las partes del espectro político, fueron especialmente llamativas las de Partido Popular, que llegó a erigirse en defensor de los trabajadores.
"Que estén tranquilos los trabajadores, que, aunque le duela al PSOE aquí está el Partido Popular para defender a los trabajadores y trabajadoras de toda España y de Cataluña", aseguró una apasionada Dolores de Cospedal.
Aquí está el Partido Popular para defender a los trabajadores
Sáenz de Santamaría insistía en que lo que España necesitaba era "fomentar la contratación" y "no la salida" y Esteban González Pons insistía en que eran partidarios de "abaratar la contratación". "En un mercado laboral que pierde trabajadores solo falta que a los empresarios se les facilite el despido" dijo González Pons en los Desayunos de TVE.
Incluso el líder del PP, Mariano Rajoy, hoy presidente del Gobierno, afirmó de aquella reforma que "el proyecto de reforma laboral se supone que debe servir para crear empleo y no tengo claro que sirva para crear empleo, que es lo que en este momento cualquier reforma debe pretender".
Después llegaron las elecciones y todo el mundo giró su cara hacia Rajoy pidiendo explicaciones sobre su programa electoral, y esa agenda oculta que algunos sospechaban que escondía. No se mencionó nada de la reforma laboral, pero sí quedó clara una cosa: el PP no subiría impuestos, o al menos eso dijo Rajoy.
Unos meses más tarde, el PP ha iniciado su legislatura subiendo los impuestos y aprobando por Decreto Ley una reforma laboral que abarata el despido al reducir la indemnización de 45 a 33 días, y posibilita los despidos procedentes a 20 días, además de facilitar la ejecución de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) sin la necesidad de la aprobación administrativa.
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