La policía registra la casa y la oficina de los Ruiz-Mateos

  • El registro se está llevando a cabo por orden de la Audiencia Nacional en el transcurso de la investigación que se sigue contra la familia Ruiz-Mateos.
  • El domicilio se encuentra embargado como garantía de una deuda bancaria.
  • Pablo Ruz ha admitido a trámite la querella que presentó el ex abogado de los Ruiz-Mateos, Joaquin Yvancos, en contra de una hija del empresario.
Varios agentes de la Policía Nacional custodian la entrada del domicilio madrileño de la familia Ruiz-Mateos donde se ha efectuado un registro por orden de la Audiencia Nacional.
Varios agentes de la Policía Nacional custodian la entrada del domicilio madrileño de la familia Ruiz-Mateos donde se ha efectuado un registro por orden de la Audiencia Nacional.
EFE
Varios agentes de la Policía Nacional custodian la entrada del domicilio madrileño de la familia Ruiz-Mateos donde se ha efectuado un registro por orden de la Audiencia Nacional.

Miembros de la Policía Nacional continúan tras más de ocho horas de registro en el interior del domicilio de los Ruiz-Mateos, en la calle Alondra 2 de Somosaguas (Madrid), por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el marco de la pieza secreta abierta en la causa de Nueva Rumasa.

El objetivo del juez, que ha ordenado también el registro de otros domicilios y de empresas vinculadas a los Ruiz-Mateos, es encontrar indicios que permitan conocer adónde ha ido el dinero de los 4.110 inversores que decidieron destinar más de 380 millones a las emisiones de pagarés de las empresas de Nueva Rumasa que prometían rentabilidades de entre el 8 y el 12 %.

Durante el transcurso del registro, la Policía Nacional ha requerido la presencia de un empleado de mantenimiento de la finca familiar para que procediera a la apertura de unas instalaciones en el jardín de la casa.

La policía ha desplazado también a perros guía que han entrado en el domicilio de la familia Ruiz-Mateos en busca de posibles pruebas que puedan servir en la investigación que sigue el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

El domicilio está embargado

También ha acudido al domicilio familiar, conduciendo un BMW de alta gama, la mujer del primogénito de la familia, Zoilo Ruiz-Mateos, quien según distintas fuentes se encontraba en el interior de la vivienda junto a su padre José María Ruíz-Mateos. A última hora de la tarde, un empleado de Correos ha entrado en el domicilio familiar para entregar distinta documentación.

A las puertas del domicilio de la familia, que en estos momentos se encuentra embargado como garantía de una deuda bancaria, hay aparcados dos furgones de la Policía Nacional, mientras que efectivos de este Cuerpo hacen guardia a la entrada.

La matriarca de la familia, Teresa Rivero, que se encontraba en el domicilio mientras la policía efectuaba el registro, ha abandonado después el inmueble en coche. Los periodistas congregados a las puertas del domicilio han podido ver a través de las ventanas del inmueble a uno de los hijos del clan de los Ruiz-Mateos.

Los seis hijos varones de la familia Ruiz-Mateos y sus padres están siendo investigados por la Audiencia Nacional a raíz de la querella interpuesta por más de 300 inversores que depositaron sus ahorros en las empresas del grupo, tras distintas campañas de publicidad en las que se prometían altas rentabilidades.

Querella contra la hija

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha admitido a trámite la querella que presentó el ex abogado de los Ruiz-Mateos, Joaquin Yvancos, en contra de una hija del empresario y los nuevos propietarios de Nueva Rumasa, entre otros, según fuentes jurídicas.

En concreto, esta querella se dirige contra Rocío-Ruíz Mateos, su marido Luis Ojeda y su primo Alfonso Barón Rivero, así como contra el nuevo propietario de Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, y sus colaboradores Iván Losada y Fernando Lavernia. Todos ellos han sido citados a declarar los próximos 28 y 29 de febrero.

La querella ha sido admitida por los delitos de blanqueo y de insolvencia punible, aunque Yvancos -que representa a un grupo de inversores- solicitaba otros cargos, como apropiación indebida, administración desleal, alzamiento de bienes y falsificación en documento mercantil, entre otros.

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