El juez Baltasar Garzón ha afirmado este martes ante el tribunal que le juzga por ordenar grabar las conversaciones mantenidas en prisión entre varios imputados del caso Gürtel y sus abogados que lo hizo siempre salvaguardando el derecho de defensa y para evitar que continuaran su actividad delictiva. El juez ha afirmado que los abogados eran una "parte nuclear" de las actividades de la trama.

Así ha respondido Garzón al abogado autor de la querella contra él, Ignacio Peláez, en la primera sesión del juicio celebrado en el Tribunal Supremo, en la que ha insistido en que "en ningún momento" ordenó intervenir a los letrados, sino a los internos porque existían indicios de que la actividad delictiva de la trama continuaba con los cabecillas de la red corrupta en la cárcel.

Una medida que adoptó, ha dicho, para evitar que se siguieran cometiendo delitos como el de blanqueo de capitales, que se estaba investigando, y localizar y recuperar los fondos desviados por la trama, pero siempre con la "clarísima intención" de prevenir el derecho de defensa y con el apoyo de la Fiscalía.

"Los abogados eran parte nuclear de la misma para desarrollar todas y cada una de las actividades criminales de la organización", ha subrayado el juez, que ha declarado desde el banquillo de los acusados después de que el presidente de la sala, Joaquín Giménez, le recordara que debía "despojarse de la toga" y abandonar el estrado de los letrados en el que había permanecido esta mañana.

Prueba de que "se adoptaron todas y cada una de las medidas para que ese derecho de defensa quedara prevenido", ha afirmado el juez de la Audiencia Nacional, suspendido de sus funciones desde mayo de 2010, es que ninguna de las diligencias que abrió contra los imputados guardaban relación con las comunicaciones intervenidas.

Ha precisado a Peláez, defensor de uno de los empresarios imputados, José Luis Ulibarri, y a quien también se grabó durante sus visitas a la cárcel de Soto del Real a los presuntos cabecillas de la trama Francisco Correa y Pablo Crespo, que cuando se le intervino sus conversaciones con estos detenidos no constaba que él los representara de ninguna manera.

Asimismo, le ha espetado que la actividad principal investigada era el blanqueo de capitales y que cuando se ordenó el ingreso en prisión de Correa y Crespo había indicios de que más de 20 millones de euros habían sido ocultados por la trama en cuentas en Suiza y otros paraísos fiscales.

"Una actividad completa dirigida por abogados de la organización" y, en concreto, ha citado a Manuel Delgado y José Antonio López Rubal, que fue el primer abogado de Correa hasta que fue imputado en la causa.

Después de la medida de prisión, ha explicado el juez, la única actividad delictiva que continuaba era la de blanqueo, por lo que se trataba de evitar que se siguiera cometiendo ese delito y no de ampliar u obtener datos para la investigación.

Preguntado por Peláez por la razón por la que ordenó las comunicaciones de los abogados sin que se tratara de un delito de terrorismo, Garzón ha recordado que el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria respalda las interceptaciones por orden de la autoridad judicial y no exclusivamente en los supuestos de terrorismo.

Poco antes del interrogatorio a Garzon, el abogado José Antonio Choclán, que representa al considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, había acusado al juez de "manipular"y "fabricar tesis" para "tratar de legitimar sus decisiones prevaricadoras", como fue ordenar las escuchas a los letrados.

Garzón se enfrenta en este proceso a un máximo de 17 años de inhabilitación que solicitan las acusaciones particulares, mientras que la fiscal Pilar Fernández Valcarce no presenta acusación por no ver delito en su actuación, solicitando en su escrito la absolución del juez "con todos los pronunciamientos favorables".

Minutos antes de que comenzara la primera sesión del juicio por la interceptación ilícita de las entrevistas de los letrados con los imputados del caso 'Gürtel', Garzón recibió el sonoro aplauso que le dedicaron las decenas de personas que les esperaban a la entrada del Salón de Plenos. Acto seguido, se adentró en la vista oral, en la que se sentó vistiendo su toga de magistrado.

El tribunal está configurado por el magistrado Luciano Varela (instructor de la causa contra Garzón por la Memoria Histórica), Manuel Marchena, Joaquín Giménez, Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Juan Manuel Berdugo. El ponente de la sentencia será Miguel Colmenero.

La celebración del primer juicio contra Garzón, conocido mundialmente por decisiones como la de pedir la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet durante su estancia en Reino Unido o la de procesar a Bin Laden, ha despertado gran expectación mediática dentro y fuera de España.

El popular magistrado tendrá que volver al banquillo a partir del próximo 24 de enero por un presunto delito de prevaricación por investigar el franquismo careciendo de competencias. Además, está pendiente de saber si se le abre juicio oral por los pagos que recibió supuestamente del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.