Cronología de la causa contra el juez Baltasar Garzón por las escuchas del 'caso Gürtel'

Encuesta

¿Es justa la condena al juez Baltasar Garzón por las escuchas del caso Gürtel?

24% Sí. Porque además ha sido por unanimidad del tribunal.

61% No. Es una vergüenza que condenen a un juez por este motivo.

14% Puede que no actuase bien, pero la sentencia es demasiado elevada.

Baltasar Garzón se sienta desde este martes en un banquillo acusado de prevaricación y de vulneración de las garantías constitucionales. Ordenó grabar las conversaciones entre varios de los imputados del caso Gürtel en prisión y sus abogados y el Tribunal Supremo determinará si existió delito, tal y como consideran el abogado Ignacio Peláez, Francisco Correa y Pablo Crespo, personados en la acusación.

La Fiscalía reclama la absolución de Garzón, suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde mayo de 2010. Mientras, el Supremo mantiene otras dos causas abiertas contra él: una en relación a la investigación de los crímenes del franquismo y la otra sobre los patrocinios de los cursos que impartió en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006. La que sigue es una cronología de la causa por las escuchas del caso Gürtel:

- 9 de diciembre de 2009. El abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, defensor del empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel, presenta en el TS una querella por prevaricación contra Garzón por ordenar intervenir las comunicaciones en prisión entre varios de los imputados y sus letrados.

- 25 de febrero de 2010. El TS admite a trámite la querella y designa instructor de la misma al magistrado Alberto Jorge Barreiro.  

- 1 de marzo de 2010. La Fiscalía recurre la admisión de la querella argumentando que las escuchas ordenadas por el magistrado aportaron datos que fueron "clave" en la investigación. La defensa de Garzón dice que la situación de indefensión denunciada por Peláez es "imaginaria", "abstracta" y "meramente potencial".

- 4 de marzo de 2010. El TS admite la personación como acusación particular del presunto cerebro de la trama de corrupción del caso Gürtel, Francisco Correa. Posteriormente se personará el "número dos" de éste, el exsecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo.

- 16 de abril de 2010. El TS confirma la admisión de la querella.

- 10 de mayo de 2010. En su primera declaración como imputado en el caso, Garzón niega haber delinquido al ordenar intervenir las comunicaciones de los imputados en el caso Gürtel y dice que era la "única vía" para evitar que ocultaran pruebas o se perdieran los fondos que manejaban.

- 24 de mayo de 2010. Ignacio Peláez amplía la querella a las fiscales del caso Gürtel.

- 20 de octubre de 2010. Barreiro acuerda continuar la causa contra Garzón por el procedimiento abreviado en un auto en el que asegura que hay indicios para juzgarle por haber dictado resoluciones "ostensiblemente injustas dada la patente vulneración de las garantías constitucionales del proceso penal que han ocasionado".

- 21 de octubre de 2010. El TS rechaza ampliar la querella a las fiscales del caso Gürtel.

- 4 de noviembre de 2010. Peláez y Correa piden al TS que abra juicio oral a Garzón y piden para él penas de inhabilitación de hasta 17 años.

- 7 de marzo de 2011. Garzón declara de nuevo ante Barreiro a petición propia, reitera que no delinquió al ordenar las escuchas y pide tener acceso a las conversaciones grabadas, pero su solicitud es denegada.

- 11 de abril de 2011. Barreiro dicta la apertura de juicio oral a Garzón en un auto en el que asegura que éste "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" y que "le resultó indiferente" que las mismas no tuvieran otro contenido "que aspectos nucleares sobre las estrategias de defensa".

- 17 de abril de 2011. La Fiscalía pide la absolución de Garzón al entender que el juez dejó a salvo el "derecho de defensa" al ordenar las escuchas.

- 13 de julio de 2011. El TS deniega definitivamente varias pruebas solicitadas por Garzón, confirmando así hasta cuatro resoluciones anteriores de Barreiro en el mismo sentido. Entre las pruebas denegadas estaba la declaración del instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, que prorrogó las escuchas ordenadas por él.

- 28 de octubre de 2011. El TS fija el comienzo del juicio para el 29 de noviembre de 2011.

- 3 de noviembre de 2011. Garzón recusa a cinco de los siete magistrados que debían juzgarle -Juan Saavedra, Perfecto Andrés Ibáñez, José Ramón Soriano, José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar- por haber participado en la admisión a trámite de la querella y en la resolución de recursos. También recusará a Manuel Marchena, instructor de la causa por los cobros de Nueva York.

- 18 de noviembre de 2011. El TS aplaza el juicio hasta el 17 de enero de 2012 para poder tramitar las recusaciones formuladas por Garzón.

- 12 de diciembre de 2011. La Sala del 61 del TS excluye del tribunal que juzgará a Garzón a los cinco magistrados que habían participado en la instrucción de la causa, pero mantiene a Marchena.

- 9 de enero de 2012. Garzón recusa al magistrado Luciano Varela -designado para juzgarle por las escuchas mientras instruye la causa contra él por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo- y recurre ante el Tribunal Constitucional (TC) la decisión de mantener a Marchena en la sala.

- 11 de enero de 2012. El TS y el TC rechazan los recursos de Garzón y confirman que Varela y Marchena formarán parte del tribunal que le juzgue junto a Joaquín Giménez, Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo.

- 15 de enero de 2012. Garzón asegura ante Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo (TS) que no solicitó ningún patrocinio del Banco de Santander, Cepsa ni Endesa para los cursos que impartió en Nueva York entre 2005 y 2006.

- 17 de enero de 2012. Comienza el juicio contra Baltasar Garzón por ordenar grabar las conversaciones mantenidas en prisión entre varios entre abogados e imputados por el caso Gürtel. Garzón aseguró ante el juez que esta medida la tomó porque "los abogados eran parte nuclear de las actividades criminales en Gürtel". Las acusaciones particulares piden 17 años de inhabilitación para el juez.

- 18 de enero de 2012. En la segunda sesión del juicio contra Baltasar Garzón presta declaración Ignacio Peláez, abogado que interpuso la querella al magistrado por la que se ha iniciado esta causa.  El letrado admite que no comunicó al juez que iba a entrevistarse en la cárcel con los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, pese a que el reglamento penitenciario así lo requiere. También presta declaración un mando policial, quien asegura que las conversaciones de imputados en el 'caso Gürtel' excluían las conversaciones del "ámbito privado".

- 19 de enero de 2012. Declaran tres abogados de las acusaciones. El letrado de Francisco Correa, José Antonio Choclán asegura ante el Tribunal que se dio "un cheque en blanco a la policía para investigar lo que quisiera" y pide 17 años de inhabilitación para Garzón. La Fiscalía, por su parte, defiende la versión de Garzón argumentando que la orden de grabar a imputados y sus abogados estaba justificada por los indicios de delito. Por su parte, Baltasar Garzón, asegura ante el juez que asume todas y cada una de las decisiones reiterando que no se violentó el derecho de defensa, sino que se protegió.

- 1 de febrero de 2012. El juicio contra Garzón queda visto para sentencia. En su alegato final, el juez reitera que los abogados eran parte nuclear de los delitos de la Gürtel y que las escuchas eran "la única medida posible" de evitar que estos, por orden de sus representados, recurriesen a la evasión de capitales para sacar su dinero fuera de España. Garzón calculaba en 20 millones de euros el dinero enviado a Suiza y a otros paraísos fiscales.

- 9 de febrero de 2012. El Tribunal Supremo halla culpable al juez Baltasar Garzón por un delito de prevaricación (dictar una resolución a sabiendas de que es injusta). Los siete componentes de la Sala Penal respaldan el fallo, que se produce por unanimidad. El Supremo le impone 11 años de inhabilitación, lo que implica su expulsión de la carrera judicial. Considera que el juez violó con todo conocimiento la confidencialidad entre los abogados y sus defendidos, cuyas estrategias de defensa quedaron así al alcance de la Policía.