El Tribunal Supremo ha rebajado en 36 años, de 439 a 403 años de prisión, la pena impuesta el pasado mes de mayo por la Audiencia Nacional a los dos piratas somalíes capturados en aguas del océano Índico tras el secuestro del atunero vasco 'Alakrana' en 2009.

En la sentencia notificada este lunes, la sala de lo penal del Alto Tribunal absuelve a Cabdiweli Cabdullahi, 'Abdu Willy', y a Raageggesey Hassan Aji de los 36 delitos contra la integridad moral por los que fueron condenados y por cada uno de los cuales se les impuso una pena de un año de cárcel.

La Audiencia Nacional apreció la existencia de ese delito en los simulacros de fusilamiento a los que fueron sometidos algunos de los secuestrados y en las aparentes entregas de otros a las familias de los dos piratas detenidos "con el fin de que se vengaran" y para presionar a los familiares de los marineros en España para que exigieran la libertad de los capturados.

El Supremo dice, sin embargo, que "este comportamiento revanchista, vindicativo y coactivo por parte de los secuestradores que permanecían en el barco no puede atribuirse a los dos acusados que ya estaban detenidos en ese momento". "Se trató de una conducta que se inició cuatro o cinco días después del abordaje del barco, como reacción a la detención de sus compañeros y que no había sido planificada ni preparada con ocasión de convenir o acordar el abordaje y el secuestro de la tripulación", añade el tribunal.

La sala dice que "no cabe, por tanto, atribuir la coautoría de los dos acusados en estos actos decididos 'ex novo' y relativos a un comportamiento atentatorio contra la integridad moral de las víctimas, mediante los cuales los secuestradores pretendían hacer frente a la contingencia surgida de repente en el curso de la ejecución de la actividad planificada".

'Abdu Willy' y Raageggesey Hassan fueron arrestados al día siguiente del secuestro del buque de pesca bermeano frente a las costas de Somalia, que se produjo el 2 de octubre de 2009 y que finalizó 47 días después tras el pago de un rescate que, según la sentencia de la Audiencia Nacional, fue abonado por el Gobierno y no por la empresa armadora.