El próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no podrá permitirse ni un solo día de descanso. La difícil situación económica que atraviesa el país –con una tasa de paro del 22,6% y una previsión de crecimiento para el año que viene del 0,7% del PIB, según la UE– y los continuos ataques de los mercados a la deuda nacional no dejan mucho margen de reacción al nuevo Ejecutivo.

De hecho, el líder del PP ya solicitó a Rodríguez Zapatero que si conseguía una mayoría holgada se acelerara al máximo el traspaso de poderes para mandar el mensaje a los mercados de que emprenderá su plan de reformas económicas cuanto antes y no esperará al 13 de diciembre, fecha en la que se constituirá el Congreso y el Senado resultantes del 20-N.

Esta semana podrían conocerse los nombres de los integrantes del comité encargado de acelerar el cambio. Por otro lado, Rajoy ha dejado caer en campaña que contempla la posibilidad de incluir ministros independientes en su Gobierno.

Y es que el nuevo Ejecutivo no solo tendrá la difícil tarea de frenar la presión de los mercados y de Bruselas, pues otra de las grandes pruebas de fuego de Rajoy en materia económica, de aquí a final de año, será la configuración de unos presupuestos generales para 2012 que resulten creíbles de cara a los socios europeos y que puedan ser asumibles por el conjunto de la sociedad. Además, el líder popular ya anunció que en los primeros 100 días se su mandato reformaría la Ley de Estabilidad Presupuestaria –aprobada este verano– y que tiene previsto recortar todas las partidas presupuestarias.

Por otro lado, desde la UE se insiste en que hace falta una reforma laboral a fondo. En este sentido, todo apunta a que el nuevo Gobierno podría llevar a cabo medidas encaminadas a que prevalezcan los convenios de empresa sobre los sectoriales. Una reforma que para los sindicatos supone una reducción en toda regla de los derechos de los trabajadores.

Más a largo plazo, Rajoy tendrá que desvelar qué tiene previsto hacer con algunos asuntos especialmente polémicos. Entre ellos, la Ley del Aborto (que la tiene recurrida ante el Constitucional y que ya anunció que tiene intención de reformar), la legalización de las corridas de toros en todo el país (por la prohibición catalana, que también recurrieron), la derogación de la Ley del Matrimonio Homosexual (también recurrida) y una posible reforma de la Ley Antitabaco.

El cabeza de lista del PP por Cataluña, Jorge Fernández Díaz, admitió la semana pasada que su partido podría llevar a cabo una subida de impuestos si salían elegidos. Por su parte, la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, aseguró en un mitin, en referencia a las medidas que tomarían si llegan a La Moncloa: "Algunos que hasta ahora nunca han protestado van a protestar y vamos a tener la calle llena de manifestaciones y de pancartas".