Por el momento Inaki Urdangarin, yerno del rey Juan Carlos, no será imputado por un presunto caso de apropiación indebida de fondos públicos y privados que está penado con hasta 15 años de cárcel. Pero la noticia de su posible imputación por corrupción plantea un pregunta que, hasta ahora en democracia, no había tenido que ser respondida más que en teoría: ¿Qué postura adopta la justicia en relación con la familia real? ¿Puede llevarles a juicio? ¿Tienen privilegios o exenciones?
"La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad", dice la Constitución"La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Así comienza el artículo 56.3 de la Constitución. Esta históricamente discutida redacción significa que la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico proscribe toda responsabilidad por su parte, sea política o jurídica; es decir, que al rey no se le puede juzgar (como contrapartida, cualquier acto del monarca no tendrá validadez si antes no es refrendado por el poder ejecutivo).
Pero esta anomalía, como es considerada por algunos constitucionalistas, no rige para el resto de la familia real, cuyos miembros, si bien tienen una serie de privilegios (como el de prestar testimonio por escrito), están efectivamente sometidos al imperio de la ley como cualquier otro ciudadano.
Injurias a la Corona
Asímismo, este blindaje del rey y, en cierto modo, mucho más atenuado, de los miembros de la familia real, tiene otra capa: el llamado delito de injurias a la Corona.
Este delito, muy criticado cuando se produce alguna polémica relativa al monarca o su familia, como ocurrió con la famosa portada de la revista satírica El Jueves, está recogido en la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal en su Título XXI.
Según los críticos, esta norma choca contra el derecho a la libertad de expresión (recogido en la Constitución) además de sancionar de hecho la desigualdad ante la ley.
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