Decenas de ayuntamientos de Cataluña han expresado su rechazo a los desahucios que está provocando la crisis. Incluso muchos de ellos se han organizado como intermediarios entre las familias y los bancos. Eso es lo que ahora va a hacer el gobierno de la Generalitat catalana.

El Govern de Artur Mas va a impulsar procesos de mediación entre entidades financieras e hipotecados para evitar en la medida de lo posible nuevos desahucios con riesgo de exclusión social.

Para ello ha aprobado los criterios que regirán los convenios que se firmarán con las principales entidades financieras para proteger el derecho a la vivienda de las familias afectadas.

En concreto, se impulsará un procedimiento de mediación previo al inicio de los expedientes judiciales de ejecución hipotecaria, para evitar que en caso de impago de los préstamos por dificultades económicas de los deudores se produzcan desahucios.

Entre los criterios mínimos fijados por la Generalitat catalana figuran el aplazamiento de los plazos del préstamo hipotecario y los períodos de carencia, la dación en pago o el uso de la vivienda con opción de compra, además de evitar que los intereses de demora de los créditos y préstamos sean superiores a 2,5 veces el interés legal del dinero.

El agravamiento de la situación de la vivienda y las continuas ejecuciones hipotecarias, con la conflictividad que conlleva el desalojo por la fuerza de numerosas familias desahuciadas, ha llevado al Govern a promover estos convenios.

El Govern espera que los efectos de los convenios que se están promoviendo empiecen a dar sus frutos a principios de enero del año que viene.

No obstante, el Ejecutivo de Mas reconoce que no se puede garantizar al cien por cien que con estos procesos de mediación no habrá más desahucios, entre otras cosas porque puede haber hipotecas suscritas con entidades que no operan en Cataluña y con las que no se firmará ningún convenio.