Detenido el alcalde de Aledo en la 'operación Biblioteca' contra la corrupción urbanística

El alcalde de Aledo, Simón Alcaraz, ha sido detenido en el marco de la 'operación Biblioteca' contra una presunta trama de corrupción urbanística iniciada en 2007 en la localidad de Librilla, y que se extiende ahora a la vecina población de Aledo.

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Según han informado fuentes próximas a la investigación, el regidor municipal, del PP, es uno de los ocho detenidos en esta causa, que instruye el titular del juzgado número seis de Murcia, Andrés Carrillo.

Han registrado el Ayuntamiento de Aledo Los arrestos se han practicado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha llevado a cabo también diversos registros en las Consejerías de Presidencia y de Sanidad, y en el ayuntamiento de Aledo. Estos registros terminaron sobre las 22:00 horas de este martes. Simón Alcaraz, alcalde de Aledo desde hace 20 años, ha permanecido junto a los agentes de la Guardia Civil en el interior del consistorio hasta las 20:45 horas, cuando ha sido trasladado a los calabozos de la comandancia del instituto armado en Murcia. A la salida del ayuntamiento, de donde los agentes se han llevado once cajas con documentación y el disco duro de un ordenador de sobremesa, el abogado de Alcaraz, Fermín Guerrero, ha declarado a los periodistas que su defendido "se encuentra bien, molesto por la situación desagradable en la que se encuentra, pero tranquilo".

El letrado ha dicho desconocer los cargos que se le imputan a Alcaraz, quien, según Guerrero, no ha prestado declaración ante los agentes de la UCO, que han requerido documentación del área de urbanismo municipal de esta pequeña localidad de algo más de un millar de habitantes.

A las 19:30 horas había abandonado la sede consistorial con el mismo destino que el alcalde la secretaria de ese ayuntamiento, Rosario Hita, también detenida y obligada a estar presente durante el registro, que ha durado unas 13 horas en Aledo.

Los agentes han pedido documentos relacionados con una presunta trama de corrupción urbanística iniciada en 2007 en la también localidad murciana de Librilla. En Murcia, los agentes de la UCO encargados de los registros han abandonado sobre las 22.00 horas el Palacio de San Esteban, sede de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, y el edificio de la Ronda de Levante donde está la de Sanidad y Política Social, adonde entraron sobre las 8:00 y de donde se han llevado expedientes relativos a contrataciones realizadas entre 2003 y 2007. La causa ha llevado a la detención de otras cinco personas en la provincia de Murcia y de una en la de Alicante.

Cronología de la investigación

La 'Operación Biblioteca', que investigó una supuesta caso de corrupción urbanística en el municipio de Librilla, condujo en 2007 a la detención del que fuera el alcalde de esta localidad, José Martínez García, del Partido Popular, que fue dado de baja cautelar en el partido como afiliado tras su arresto, así como a su teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez.

Asimismo, el juzgado de Instrucción número 6 de Murcia ordenó aquel año el ingreso en prisión provisional del consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L, José Andrés Cortés, y el responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde el año 2007, José Luis Cano, que falleció posteriormente en un accidente de tráfico.

En total fueron diez los arrestos que la UCO en 2007 El juez titular Andrés Carrillo dictó además libertad con cargos y sin fianza para el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, copropietario de la empresa Acadi, adjudicataria de la redacción del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) urbana de Librilla.

En total fueron diez los arrestos que la UCO practicó. Las detenciones se enmarcaron en las investigaciones que estaba realizando el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, que abrió un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.