El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la toma en consideración de la reforma del artículo 135 de la Constitución por 318 votos a favor -PP, PSOE y UPN-, 16 en contra y 2 abstenciones. Asimismo, ha dado el visto bueno a la tramitación "directa y en lectura única" de la iniciativa.

El presidente de la Cámara, José Bono, ha anunciado que ya se ha convocado un pleno de debate y votación de la medida para el 2 de septiembre. Los grupos tienen desde este momento y hasta el jueves, a las 14 horas, para proponer enmiendas. La reforma podría quedar aprobada, por tanto, el viernes.

Los dos grupos proponentes sólo han conseguido sumar a UPN a sus planteamientos, mientras que CC se ha abstenido y los representantes de CiU han preferido no votar en ningún sentido, por lo que las actas elaboradas por el Congreso contabilizan a estos diputados como ausentes. Han votado en contra, sin embargo, PNV, ERC, IU, ICV, BNG, NaBai y UPyD, así como el ex secretario general de CCOO Antonio Gutiérrez, del grupo socialista, pero sin carné del PSOE.

También han estado ausentes del pleno los diputados del PP Pilar González Segura, Juan Manuel Moreno Bonilla, Dolors Nadal y Francisco Villar, que tampoco han votado después el procedimiento. Fuentes del Grupo Popular han señalado que la ausencia de estos cuatro parlamentarios estaba justificada y que ya se conocía previamente. A la hora de decidir el trámite de urgencia de lectura única, Antonio Gutiérrez ha votado con su grupo a favor de esa posibilidad.

Por contra, en este caso se ha opuesto a la tramitación urgente Coalición Canaria, que ha sumado sus votos a los del resto del grupo mixto, ERC-IU-ICV y nacionalistas vascos. Convergencia i Unió, por su parte, tampoco ha querido pronunciarse y sus diputados no han apretado ningún botón.

En el pleno de este martes, los grupos con representación mayoritaria en el Congreso de los Diputados, PSOE y PP, han defendido la propuesta de reforma constitucional para limitar el techo de déficit público que pactaron la semana pasada a partir de una iniciativa del presidente del Gobierno. Ambos grupos han coincidido este martes en que la disciplina presupuestaria que recogerá la Constitución contribuye a preservar el Estado de Bienestar.

El primero en hablar, a las 10 h, ha sido el portavoz socialista José Antonio Alonso, que ha alabado una medida "solvente y contundente". Alonso ha considerado que la reforma reforzará el compromiso de España con la necesaria reducción del déficit público y tratará de "acabar ya sin dilación" con las turbulencias de semanas pasadas, que si se mantuvieran en el tiempo pondrían "en serio riesgo" las políticas sociales.

En su intervención ante la Cámara, Alonso ha relatado cómo en los últimos meses la situación económica internacional se ha caracterizado por "fortísimas tensiones en los mercados financieros" con un impacto directo sobre el coste de financiación de la deuda, por lo que ha apostado por la reforma pactada con los populares como la mejor manera de "despejar incertidumbres".

"Somos un país cumplidor en el pago de nuestras deudas y no debe haber ninguna duda al respecto", ha afirmado desde la tribuna, donde ha señalado que lo que caracteriza a las políticas socialistas es que "la izquierda gasta el dinero y los recursos en políticas de igualdad" y "esa es nuestra marca distintiva". Esta mención hacia los planteamientos de Rubalcaba y el objetivo de las políticas progresistas provocó murmullos entre los diputados concurrentes.

Alonso ha asegurado que el Partido Socialista ha apostado "históricamente" por las políticas sociales y así lo seguirá haciendo. Ha recordado que si se debe en exceso, hay que pagar intereses crecientes que incapacitan para hacer cualquier política. El portavoz parlamentario ha querido dejar claro que establecer una regla fiscal en la Constitución "demuestra el compromiso de España con la responsabilidad" y no supone, en absoluto, recortes en el gasto social.

Además, ha dicho que, si se recortan gastos sociales, dependerá de la evolución de la economía y de la decisión de quien gobierne en cada momento, pero ha recalcado que el PSOE seguirá haciendo del gasto social su marca distintiva y su compromiso político. Finalmente, el candidato ha apostado por mantener la estabilidad financiera para preservar el nivel de conquistas sociales, por las que los socialistas siempre han luchado.

Justo después, Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del PP, ha explicado en un tono muy solemne por qué la reforma es "necesaria, oportuna y responsable" y ha insistido en que la estabilidad presupuestaria es una garantía de las políticas sociales y un refuerzo del modelo de Estado.

La diputada ha dejado claro que "no hay nada que amenace tanto las conquistas sociales y nada que perjudique tanto a los ciudadanos como unas cuentas públicas insostenibles". "No hay política social si no se aseguran los recursos para mantenerla -ha advertido-. El resto serán promesas vacías de un día y recortes injustos del día siguiente".

Además, a su entender, esta medida no rebaja el poder de los gobiernos autonómicos ni exige a las comunidades más que al Estado, sino lo mismo, a la vez que se avanza también en el principio de lealtad entre administraciones y se asegura un ejercicio de la autonomía con más responsabilidad.

La portavoz del grupo popular ha invitado a otros grupos a sumarse a esta reforma, que, según ha estimado, permitirá sentar las bases para seguir construyendo el progreso económico y social, convencida de que la estabilidad presupuestaria es un deber público y constitucional, y una "condición indispensable para el crecimiento, el empleo y el Estado del bienestar".

Después de poner el acento en la necesidad de poner fin a "uno de los grandes males de la economía española", ha señalado que la premisa es "no gastar más de lo que se ingresa". Sáenz de Santamaría ha juzgado, igualmente, que con esta reforma España traslada un mensaje de confianza y recupera un papel de liderazgo en una gobernanza "seria y exigente", ya que es "una contribución de primer orden a la estabilidad de la unión monetaria y económica".

Pese a creer que ésta no es la única reforma necesaria "para volver a poner en pie la economía española" y devolver la confianza, Sáenz de Santamaría ha dicho que es la primera y la que sienta las bases de todas las demás.

Por su parte, el portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, ha expresado la oposición de su grupo a la reforma y ha considerado "esperpéntico" que con "nocturnidad y alevosía" se haya hecho "añicos" el consenso constitucional.

Duran ha querido dejar claro que CiU defiende la estabilidad presupuestaria, pero ha criticado duramente la forma que populares y socialistas ha acordado para establecerla y ha advertido del "choque de trenes" que supone esta ruptura del consenso y que, según el, tendrá consecuencias negativas.

CiU no es partidaria de limitar el déficit en la Constitución ni siquiera por ley orgánica, según Duran, quien, además, ha criticado la agresión a la autonomía financiera que supone poner en marcha la reforma constitucional en este asunto. "Participamos en el proceso constituyente, nos implicamos en él, defendimos la Constitución y formamos parte del consenso que desgraciadamente hoy no existe", se ha lamentado.

Duran ha dicho que la actitud del PP y del PSOE significa una ruptura del proceso constituyente y, según ha recalcado, la Constitución "no sólo fue objeto del PP y del PSOE. Es y existe gracias a todos, aunque si fuese por algún diputado de alguna bancada, ni siquiera existiera" la Carta Magna", ha apostillado.

A su juicio, la propuesta es "una agresión por las formas y por los contenidos", por lo que "de no corregir la dirección que se está adoptando, va a producirse finalmente un choque de trenes que no sería positivo" para nadie. Ha insistido Duran en que CiU, tal y como está demostrando en el Gobierno de la Generalitat, comparte el principio de estabilidad presupuestaria y que es consciente de la coyuntura en la que se produce la reforma.

Duran ha dejado claro que la modificación requiere sosiego y ha considerado impresentable una reforma exprés sin el acuerdo de todos. "Parece que España empieza y termine con el PP y el PSOE. El resto no contamos para nada", ha dicho. Respecto al contenido, ha insistido en que en la propuesta "se diluye la intervención autonómica como si se tratase de un estado unitario", además de "laminar" la capacidad financiera de las comunidades.

El secretario general de ERC, Joan Ridao, ha considerado, por otro lado, que la reforma de la Constitución es "innecesaria" y ha criticado que parece "más propia de una insolación veraniega".

En su intervención ante la Cámara, Ridao ha lamentado además que, "con tantas prisas", el PSOE y el PP se hayan olvidado del resto de grupos parlamentarios y de los ciudadanos, "a quienes han privado de un referéndum". Esto, ha señalado, evidencia que estos dos partidos no quieren reformar el "obsoleto" sistema político a pesar del actual "descrédito" que vive la política con movimientos como el del 15-M.

Para Ridao, la reforma supone una "sobreactuación y una auténtica impostura", además de ser "políticamente muy peligrosa". El diputado de ERC ha criticado además que, con esta medida, el Gobierno "está perpetrando el último golpe a las políticas de izquierda".

Por su parte, el portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, ha planteado a los diputados socialistas que se rebelen, que retiren la iniciativa y convoquen elecciones para que la ciudadanía pueda opinar y, si por el contrario, optan por mantener la proposición de reforma, ha exigido el referéndum.

En su intervención, Llamazares ha comentado que "para lo que nos queda en el convento deberíamos hacer un acto de dignidad" y no aceptar una iniciativa que obvia la participación popular y parlamentaria. Llamazares ha insistido en que se trata de "golpe a la Constitución" y "un secuestro" de la voluntad popular y a la iniciativa parlamentaria.

También ha pedido al grupo socialista que si se mantiene la iniciativa permitan las enmienda y su trámite en comisión, de forma que se reconozca a los diputados como "dignos parlamentarios" y no como un "rebaño de ovejas". El diputado ha criticado que socialistas y populares presenten esta reforma en agosto, "con agosticidad y alevosía" y ha lamentado que se haga por el trámite de lectura única, obviando el acuerdo y la negociación.

Llamazares ha asegurado que la reforma no trata de rigor ni de estabilidad sino de recortes sociales, privatizaciones y recesión económica. El portavoz de IU ha asegurado que la reforma "no es parcial es total" y afecta al título preliminar, a la soberanía del Estado español, al Estado democrático y a los derechos sociales.

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha confiado durante su intervención en que 35 diputados "obliguen" a que el 20 de noviembre haya una tercera urna en los colegios electorales para que los españoles decidan en referéndum sobre la reforma, que ha calificado como una "chapuza".

Díez ha dicho que las modificaciones constitucionales deben hacerse "desde la autonomía y no desde la imposición", desde el debate público y "no desde la improvisación" y ha criticado la posición del PSOE y PP por considerar peligroso plantear un referéndum y ha dicho que la democracia "es lo que tiene", que permite consultar a los ciudadanos, mientras que las dictaduras son más previsibles.

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, ha emplazado a "todos los diputados demócratas" a que tengan "la valentía" de dar el paso y suscribir la convocatoria de un referéndum. Asimismo, ha criticado duramente que la soberanía del Estado español se someta, sin crítica, a los "halcones" que dominan la política europea mientras que las comunidades autónomas verán su autonomía financiera "convertida en papel mojado".

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ha dicho que constitucionalizar la estabilidad presupuestaria es funesto y ha rechazado la reforma de la Carta Magna propuesta por PP y PSOE porque es un "atropello" a los procedimientos democráticos, es ineficaz, innecesaria y antieuropea. Durante su discurso, ha adelantado que su grupo presentará enmiendas con su propia propuesta.

La diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, ha considerado la reforma "inadmisible desde el sentido común" tanto en sus formas como en sus contenidos. Barkos, quien se ha incorporado este martes al pleno del Congreso tras un periodo de baja por enfermedad, ha sido recibida con un gran aplauso por sus compañeros de hemiciclo.

La diputada navarra se ha mostrado convencida de que las formas tampoco gustan entre muchos de los diputados de los grupos proponentes, de sus votantes y "de la inmensa mayoría de la ciudadanía". Por su parte, el diputado de UPN Carlos Salvador ha garantizado el apoyo de su grupo a la reforma y ha abogado por un mayor consenso para el futuro, que será "muy duro y muy complejo".

La toma en consideración este martes en el pleno del Congreso abre la tramitación "exprés" de la reforma constitucional para el control del déficit que, si cumple las previsiones, estará culminada en una semana con su aprobación en el Senado.

La iniciativa avanzada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado martes ha sido tramitada por el procedimiento de urgencia ya que de no hacerse así, acortando los plazos, no habría tiempo para aprobarla antes de la disolución de las Cortes, el 27 de septiembre, tras la convocatoria electoral del 20-N.

Por ello, y tras el acuerdo también en tiempo récord alcanzado entre PSOE y PP, ambos grupos registraron la propuesta de reforma en el registro del Congreso el pasado viernes.

Tras la toma en consideración este martes a partir de las 10 de la mañana y el preceptivo plazo de 48 horas para la presentación de enmiendas, la reforma volverá al hemiciclo para su debate y aprobación definitiva en la cámara.

Según el artículo 167 de la Carta Magna, los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las cámaras que, en principio, suman los dos grupos que han impulsado la reforma, PSOE y PP.

Una vez que la proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución salga el viernes del Congreso, seguirá su trámite en el Senado, donde previsiblemente será sometida a votación el martes o el miércoles de la próxima semana.

El texto constitucional establece que, aprobada la reforma por las Cortes, se abre entonces un plazo de quince días tras el cual si una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras así lo solicita deberá ser sometido a referéndum.