Los rumanos que quieran venir a España a trabajar por cuenta ajena deberán tramitar una autorización previa basada en la existencia de un contrato de trabajo, sin efecto sobre los que ya forman parte del mercado laboral nacional, según la propuesta que verá el Consejo de Ministros el viernes próximo.

En un comunicado, el Ministerio de Trabajo e Inmigración indica que el titular de la cartera, Valeriano Gómez, propondrá al gabinete "reactivar" el período transitorio en materia de acceso al mercado de trabajo español para ciudadanos rumanos, tal y como contempla un acuerdo de 2008 sobre este asunto.

"Es una decisión estrictamente técnica, basada en consideraciones internas generadas por la situación del mercado laboral en España", según se argumenta en la nota. Trabajo e Inmigración insiste en que es una medida "temporal" y sometida a "evaluación continuada" según evolucione el mercado laboral.

Así, los Ejecutivos de España y Rumanía han acordado crear un grupo "operativo" de trabajo para gestionar todos los aspectos derivados de la aplicación de la medida. La decisión se enmarca, se asegura, en la política migratoria general adoptada por el Gobierno a través del diálogo con los interlocutores sociales, que persigue "ajustar" los flujos de entrada a las necesidades del mercado de trabajo.

El Ministerio recuerda que la comunidad rumana tiene una alta tasa de actividad y una plena integración en la sociedad española y que el Gobierno ha mantenido y mantiene un diálogo permanente con las autoridades rumanas en relación con esta moratoria. "Esta moratoria no afecta a la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea, un principio que España siempre ha defendido", se precisa.

Este miércoles por la mañana, Gómez había admitido que el Gobierno estaba estudiando la posibilidad de volver a pedir de nuevo el permiso de trabajo a los inmigrantes rumanos para ser contratados por cuenta ajena en España. En los pasillos del Congreso, había señalado que es un asunto que prefiere tratar de común acuerdo con las autoridades rumanas.

En enero del año 2009, España decidió levantar las restricciones a la libre circulación de trabajadores procedentes de Rumanía y de Bulgaria, al igual que otros varios países que les habían abierto sus mercados laborales.

Andalucía Acoge, Anaquerando y Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía han criticado la intención del Gobierno de restablecer los permisos de trabajo para los ciudadanos rumanos, una medida que consideran "lamentable" y muestra de un tipo de discurso que "señala a las personas extranjeras como culpables de la crisis".

En un comunicado, lamentan que "la libre circulación sea realmente libre para la economía y las empresas que consiguen abultados beneficios en países como Rumanía con la externalización de sus producciones, y no para las personas".

En su opinión, es "contradictorio que España critique el establecimiento de las fronteras internas de la unión por parte de Dinamarca o Italia y, sin embargo, limite de manera indirecta el derecho a la libertad de circulación de personas". "Los ciudadanos españoles pueden residir y trabajar en Rumanía sin restricciones, mientras que España concede y restringe los derechos de los ciudadanos rumanos según su conveniencia", afirman estas organizaciones

Por otra parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, recordó este miércoles que los parados españoles sólo consumen la mitad del total de sus prestaciones acumuladas durante toda su vida laboral y criticó que "en demasiadas ocasiones se oiga denostar a los perceptores del paro".

Durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso de los Diputados, Gómez reiteró el compromiso del Ejecutivo de estudiar con los sindicatos y la patronal una prórroga del plan Prepara, que contempla ayudas de 400 euros a parados sin ningún tipo de cobertura, y que finaliza el 16 de agosto.

El ministro aseguró que el Gobierno "no descuidará" la protección de los parados y seguirá reforzando las políticas activas para aumentar las oportunidades de formación y empleo.