El portavoz de IU en las Cortes de Aragón y responsable federal de Agua, Energía, Transporte y Sostenibilidad de esta formación política, Adolfo Barrena, explicó en rueda de prensa que este plan arroga a Cataluña competencias sobre los acuíferos y los cursos de los ríos de esa Comunidad autónoma, cuando una parte de esos recursos están en la Cuenca Hidrográfica del Ebro.

Barrena señaló que la segunda pregunta se interesará por las medidas que va a adoptar el Ejecutivo central "para garantizar que la gestión de agua se haga de manera participada", tanto por parte de los territorios que forman parte de una cuenca hidrográfica, como de los ayuntamientos, agentes económicos y sociales, así como por la sociedad a través de sus diferentes niveles organizativos.

El responsable federal de Agua, Energía, Transporte y Sostenibilidad de esta formación política se reunió esta mañana en Madrid con la dirección federal de IU y el portavoz en el Congreso, Gaspar Llamazares.

Barrena remarcó que la postura de su formación en todo el Estado es de defensa de la unidad de cuenca, posición que mantiene desde los tiempos en que Josep Borrell, como ministro de Obras Públicas del Gobierno socialista, propuso un trasvase, hasta la actualidad, dijo.

A su entender, de seguir este principio "acabaríamos con los fantasmas y amenazas de trasvase del Ebro", que suele "ponerse encima de la mesa" cuando se acercan procesos electorales, comentó.

Respecto al apoyo al Plan de Gestión de Distrito de Cuenca Fluvial por parte de Iniciativa per Cataluña Verdes (ICV), que gobierna en coalición en esa Comunidad junto con el Partido Socialista y Esquerra Republicana, y que comparte grupo en el Congreso con IU, Barrena comentó que "les hemos hecho ver su equivocación" y les han trasladado que IU "va a ser beligerante en el Congreso y en Bruselas" con este tipo de planteamientos.

Vulneración legislativa

El portavoz de IU en las Cortes de Aragón recordó que el principio de unidad de cuenca está recogido en la Directiva Europea de Aguas, que también subraya que el agua es un bien público que debe gestionarse desde el principio de participación de todos los territorios, en igualdad de condiciones, relató el dirigente de IU.

Por eso, apuntó, el plan de la Agencia Catalana del Agua "vulnera" esta directiva, como también la Ley de Aguas, que señala que es el Estado el competente en la planificación hidrológica, y también incumple la Ley del Plan Hidrológico Nacional, indicó.

El dirigente de IU manifestó su apoyo al Gobierno de Aragón, gobernado por la coalición Partido Socialista-Partido Aragonés, que mañana aprobará, en Consejo de Gobierno, las alegaciones que va a presentar al Plan de Gestión de Distrito de Cuenca Fluvial, pidiendo la nulidad del mismo.

Barrena pidió al Gobierno aragonés que "no le tiemble el pulso", "ni tenga miedo a molestar" al presidente de Cataluña, el socialista José Montilla, y recordó que el Estatuto de Autonomía de Aragón también habla del principio de unidad de cuenca.

Así, comentó, en caso de que las alegaciones de la Comunidad aragonesa no fueran tenidas en cuenta, estimó que el Ejecutivo aragonés debería llevar el asunto a los tribunales.

Barrena defendió una gestión del agua basada en el principio de sostenibilidad, que garantice tanto los abastecimientos humanos, industriales y agrícolas, como la calidad y el caudal ecológico del agua a lo largo de toda una cuenca, en este caso, no sólo en el Delta del Ebro sino en toda ella.

Ha sido bueno

El dirigente de IU consideró que el Gobierno de Aragón "ha querido ser bueno", al pactar con el Ejecutivo central eliminar el término 'determinante' de la ley de Ordenación del Territorio de Aragón cuando se habla de la realización de un informe por parte de la Comunidad aragonesa ante cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a Aragón.

Barrena apuntó que, por su parte, van a ser "especialmente pesados" para que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino "se moje" y realice los informes preceptivos y vinculantes que recogen la Ley de Aguas y la Ley del Plan Hidrológico Nacional respecto a proyectos como Gran Scala y la candidatura Zaragoza-Pirineos a los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, entre otros.