El Grupo Popular ha rechazado la creación de una oficina de información sobre las preferentes que proponía el PSOE, quien cree necesarios instrumentos para asesorar a los afectados de la Comunidad porque los recursos que hay por el momento son insuficientes y hay falta de conocimiento sobre esta cuestión, por lo que cree que la Comunidad se "desentiende".

La propuesta del PSOE, que ha defendido el procurador José Francisco Martín incluía también el establecimiento de un sistema de arbitraje para las entidades en las que no tenga participación el Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria (FROB), supervisar las condiciones de canje de las participaciones preferentes y deuda subordinada y abrir un procedimiento informativa a cada entidad financiera para analizar las condiciones en que se realizaron las emisiones.

A este respecto, el procurador 'popular' Vidal García Jaramillo ha llamado a intentar buscar un acuerdo, para lo que ha presentado un texto alternativo, al considerar suficiente la información que se facilita a los afectados a través de las oficinas de información al consumidor, las asociaciones de consumidores o al tener a su disposición los sistemas de arbitraje.

Además, ha rechazado el texto socialista por instar a someter al arbitraje a las entidades, ya que éste sistema es voluntario, al tiempo que ha alegado que en otros de los aspectos que se recogían en la PNL la Comunidad no era la competente para ello o ha argumentado que ya hay información suficiente.

En esta línea, el procurador del Grupo Mixto Alejandro Valderas sí se ha mostrado de acuerdo con la creación de una oficina y con requerid más información sobre la actuación en esta materia porque considera que en la mayoría de oficinas de atención al consumidor "no tienen ni idea" sobre este tema.

Precisamente éste es el motivo por el que José Francisco Martín ha insistido en la necesidad de crear estas oficinas, algo que ha afirmado después de mostrar su malestar por la prestación de una enmienda de sustitución sin ni siquiera haber hablado con el grupo proponente de la que se debatía, lo que ha cerrado cualquier tipo de acuerdo.

Martín ha rechazado los argumentos del PP y ha recordado que la Comunidad tiene incluso competencias de inspección financiera, aunque "otra cosa es que no le haya dado la gana ejercerla" y ha criticado que la Junta se "desentienda" del "drama social" por el que pasan los ciudadanos de Castilla y León.